El Viceministerio de Transparencia denunció un presunto daño económico superior a Bs 870 millones relacionado con dos contratos para la provisión de aceite crudo de soya destinado a la Planta de Biodiésel I de YPFB, en Santa Cruz. Por este caso, inicialmente fueron identificadas 14 personas investigadas, entre particulares, funcionarios y exfuncionarios de la estatal petrolera.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que las irregularidades estarían vinculadas principalmente con modificaciones en los requisitos de garantía para la contratación. Uno de los cambios cuestionados fue el retiro de la exigencia de una boleta de garantía, situación que posteriormente habría dificultado la recuperación de recursos entregados como anticipo.
De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad, YPFB Refinación S.A. suscribió dos contratos con la empresa Agroindustrial Este-Indueste S.R.L. por un valor conjunto de Bs 1.058 millones para la provisión de aceite crudo de soya.
La empresa recibió un anticipo equivalente al 75% del monto contratado, aproximadamente Bs 788,6 millones. Sin embargo, ante el incumplimiento de sus compromisos, los contratos fueron terminados y el Estado no logró recuperar el anticipo en su totalidad.
Uno de los principales obstáculos para recuperar el dinero fue la inexistencia de una boleta de garantía. Además, el terreno agrícola presentado como respaldo no pudo ser ejecutado debido a que se encuentra dentro de la categoría de pequeña propiedad, condición que lo hace inembargable.
El caso se encuentra relacionado con contratos suscritos durante el gobierno de Luis Arce, administración que impulsó la construcción y puesta en funcionamiento de la Planta de Biodiésel I.
El Viceministerio de Transparencia presentó dos denuncias ante el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción. Entre los denunciados se encuentran el representante legal de la empresa contratada, socios de la compañía y funcionarios y exfuncionarios de YPFB Refinación.
García señaló que inicialmente son 14 las personas investigadas y que están vinculadas a diferentes áreas de la empresa estatal, entre ellas las gerencias comercial, jurídica y otras instancias que participaron en el proceso de contratación. Sin embargo, advirtió que la investigación podría ampliarse si se establece la participación de otros funcionarios que elaboraron informes técnicos o legales, o que recomendaron contrataciones sin las garantías correspondientes.
El caso se conoce además en medio de otras denuncias públicas relacionadas con la Planta de Biodiésel I. Parlamentarios habían cuestionado anteriormente operaciones de la planta y denunciado un supuesto sobreprecio de alrededor de Bs 10 millones.
Paralelamente, el Viceministerio de Transparencia informó que recibió 59 comunicaciones sobre posibles irregularidades en el sector de hidrocarburos en apenas 20 días, lo que representa un promedio de tres denuncias por día.
La investigación deberá determinar ahora las responsabilidades individuales y establecer cómo se aprobaron los contratos, por qué se modificaron las condiciones de garantía y qué funcionarios participaron en las decisiones que terminaron generando el millonario perjuicio denunciado.
Ahoradigital
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