El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció públicamente después de más de dos meses y pidió al presidente Rodrigo Paz realizar un “mea culpa” frente a la crisis económica y social que atraviesa el país.
Argollo explicó que permaneció alejado de los medios desde el 19 de junio para no perjudicar la defensa legal de las personas detenidas durante los bloqueos registrados entre mayo y junio. También rechazó las versiones de que la dirigencia de la COB se haya “vendido” al Gobierno.
El dirigente cuestionó principalmente el Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores. Según Argollo, la medida está provocando un incremento de los costos de producción y operación que termina repercutiendo en la canasta familiar.
“Es momento de que el Gobierno haga una mea culpa”, sostuvo, al reclamar al Ejecutivo un análisis interno y soluciones ante la incertidumbre y la crisis política y económica.
Argollo también afirmó que la COB ya había advertido sobre problemas como la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades de abastecimiento de combustibles. En ese sentido, consideró que las actuales condiciones le dieron la razón a las movilizaciones que encabezó el ente sindical meses atrás.

Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido a la posibilidad de ampliar el Estado de excepción. El ejecutivo de la COB sostuvo que el Gobierno “no puede gobernar a punta de estados de excepción” y pidió a los legisladores no respaldar una eventual extensión, al considerar que no constituye una solución a los problemas estructurales del país.
Argollo aclaró que su posición no implica un llamado a la sedición ni pretende promover el derrocamiento de ninguna autoridad. Sin embargo, advirtió que el descontento puede aumentar si el Ejecutivo no encuentra respuestas a las demandas de los diferentes sectores.
La COB anunció además la convocatoria a un ampliado nacional para septiembre, donde evaluará el cumplimiento de los ocho puntos acordados con el Gobierno el 19 de mayo y los tres meses de vigencia del Estado de excepción. También se prevé analizar la situación junto con organizaciones campesinas y otros sectores sociales.
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