Ahoradigital – El expresidente Jorge Tuto Quiroga afirmó que la credibilidad de la Fiscalía boliviana quedó “profundamente erosionada” después de que Estados Unidos impusiera una sanción al fiscal general Roger Mariaca, a quien el Gobierno estadounidense acusa de presunta corrupción vinculada al narcotráfico.
La administración estadounidense anunció restricciones de ingreso a su territorio contra Mariaca y sus familiares directos. Según el Departamento de Estado, el fiscal general habría abusado de sus cargos al presuntamente solicitar y aceptar sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
Quiroga consideró que, por tratarse de una medida que alcanza a la máxima autoridad del Ministerio Público, corresponde que las instituciones bolivianas conozcan la información que sustenta las acusaciones y determinen si corresponde iniciar procedimientos.
“Al ser este un caso que involucra a la cabeza del Ministerio Público, a quien corresponde, al Congreso, al vicepresidente, a los presidentes de Cámara, a recabar la información y tomar y hacer o iniciar los procedimientos y procesos pertinentes”, sostuvo el expresidente, según Erbol.
El exmandatario planteó además que la Asamblea Legislativa conforme una comisión formal para recabar información y establecer responsabilidades, en caso de que corresponda.
Quiroga también propuso restablecer plenamente las relaciones con Estados Unidos y abrir una oficina de la DEA en Bolivia, argumentando que esto permitiría fortalecer el intercambio de información en la lucha contra el narcotráfico.
Consultado sobre si Mariaca debería dejar el cargo mientras avanzan las investigaciones, Quiroga evitó pedir expresamente su renuncia y señaló que “cada persona decide qué hacer”.
La sanción contra Mariaca forma parte de una medida más amplia anunciada por Washington, que también alcanzó a otros 12 ciudadanos bolivianos, entre fiscales, jueces y exautoridades. Entre ellos figuran el exministro de Justicia Iván Lima y el exdirector interino de la Aduana Nacional Samuel Soto de la Vía.
Las acusaciones formuladas por Estados Unidos corresponden a la posición oficial de ese Gobierno y la restricción migratoria no constituye por sí misma una condena judicial. En Bolivia, cualquier eventual responsabilidad penal deberá establecerse mediante las instancias y procedimientos correspondientes.
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