Ahoradigital – El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, solicitó a la Cancillería que gestione por la vía diplomática información oficial de Estados Unidos sobre las razones que llevaron a revocar su visa y la de otras autoridades bolivianas.
Zeballos afirmó que respeta las decisiones soberanas de otros países, pero cuestionó que hasta ahora no se hayan conocido públicamente los motivos específicos por los cuales su nombre fue incluido entre los funcionarios bolivianos afectados por las restricciones migratorias estadounidenses.
El fiscal pidió conocer con precisión el sustento, el motivo, el alcance y el fundamento jurídico de la decisión adoptada por Washington.
“Con esa información oficial podremos verificar y, principalmente, conocer con precisión cuál ha sido el sustento, el motivo, el alcance y el fundamento jurídico”, señaló Zeballos, según ABI.
La autoridad sostuvo además que el Ministerio Público no permitirá que decisiones externas condicionen su trabajo y reivindicó la independencia de la institución.
Zeballos afirmó que no permitirán “injerencias o influencias políticas” y diferenció entre expresar opiniones sobre el trabajo de la Fiscalía y pretender interferir o afectar las investigaciones que desarrolla la institución.
¿Quiénes fueron afectados?
La revocatoria de visas forma parte de una decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos que alcanzó a fiscales, jueces, magistrados, exautoridades, un coronel de la Policía y un empresario boliviano.
Entre los afectados figuran el fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el exministro de Justicia Iván Lima; el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero; además de fiscales y jueces de Santa Cruz y Chuquisaca, entre ellos Zeballos.
En el caso de Mariaca, Estados Unidos hizo públicos señalamientos de mayor gravedad y lo acusó de abusar de su cargo para solicitar y aceptar sobornos relacionados con actividades de narcotráfico y para ayudar a personas involucradas en delitos violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia del Ministerio Público.
En cambio, en el caso de Zeballos, no se han difundido públicamente detalles específicos que expliquen las razones individuales de la revocatoria. Precisamente por ello, el fiscal busca que la información llegue oficialmente a través de los canales diplomáticos.
El Gobierno también pide explicaciones
La solicitud de Zeballos se suma al pedido realizado por el Gobierno boliviano, que anunció que solicitará a Estados Unidos información complementaria y elementos probatorios sobre los señalamientos contra Mariaca y las demás personas alcanzadas por las restricciones.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que las acusaciones deben ser esclarecidas con evidencia, cooperación internacional y debido proceso.
El Ejecutivo también señaló que investigará la información que pueda proporcionar Washington y que espera recibir los antecedentes mediante la Cancillería.
Mientras tanto, Zeballos aseguró que la Fiscalía continuará desarrollando sus investigaciones y que la institución permanecerá unida frente a las decisiones adoptadas desde el exterior.
El caso abre ahora una nueva interrogante: qué información entregará Estados Unidos a Bolivia y si los antecedentes que sustentaron las restricciones de visa derivarán en investigaciones formales dentro del país.
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