Ahoradigital – El Gobierno de Rodrigo Paz dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cualquier decisión sobre la permanencia de Roger Mariaca como fiscal general del Estado, luego de que Estados Unidos anunciara restricciones de ingreso contra la autoridad y lo señalara por presuntos vínculos con hechos de corrupción relacionados con el narcotráfico.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, recordó que Mariaca fue designado por la Asamblea Legislativa y que, por tanto, cualquier eventual cambio en la conducción del Ministerio Público debe seguir los procedimientos establecidos por el Legislativo.
“Es desde la Asamblea Legislativa, senadores y diputados, donde emerge el nombramiento del fiscal general”, afirmó Oviedo, al señalar que si existe una solicitud para que deje el cargo, deberán cumplirse las formalidades previstas en el reglamento parlamentario.
El Ejecutivo también informó que, mediante la Cancillería, solicitará al Gobierno de Estados Unidos información oficial y documentación sobre los elementos que llevaron a incluir a Mariaca en la lista de funcionarios sancionados o restringidos.
La administración de Paz calificó las acusaciones como graves, pero insistió en la necesidad de contar con evidencia y respetar el debido proceso. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que los señalamientos deben ser esclarecidos mediante cooperación internacional y dentro del marco legal boliviano.
El caso ya provocó reacciones dentro de la propia Asamblea. Los presidentes del Senado y de Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, plantearon que Mariaca se aparte temporalmente del cargo mientras se esclarecen las denuncias y anunciaron que solicitarán una sesión de la ALP para abordar el tema.
Los legisladores aclararon que su planteamiento no supone establecer culpabilidad, sino permitir que las investigaciones se desarrollen sin interferencias y con acceso a la información oficial que Estados Unidos pueda proporcionar.
Mariaca, por su parte, rechazó las acusaciones y descartó dejar el cargo. El fiscal general afirmó que continuará al frente de investigaciones como el caso Cerimedo y otros procesos que, según sostuvo, tienen repercusión internacional.
De esta manera, la continuidad de Mariaca queda instalada en una disputa institucional: mientras sectores de la Asamblea reclaman su apartamiento y una investigación, el Gobierno sostiene que cualquier decisión debe ser adoptada por el órgano que lo designó y con base en procedimientos legales.
Por ahora, el Ejecutivo aguarda la información solicitada a Estados Unidos antes de asumir una posición sobre los señalamientos, mientras la Asamblea analiza si convoca a una sesión para tratar la situación del fiscal general.
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