El diputado de la alianza Libre, Antonio Pino, inició una investigación legislativa sobre la presencia y el rol del ciudadano argentino Fernando Cerimedo en el entorno del Palacio de Gobierno. Para ello, presentó una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, en la que solicita información detallada sobre las funciones y el nivel de influencia que tendría en la estructura estatal.
La solicitud fue presentada el 11 de marzo y, según el legislador, ya fue remitida al Ejecutivo. Pino espera que, en el plazo establecido de 15 días, se brinde una respuesta oficial que permita esclarecer la participación de personas extranjeras en espacios de decisión del Gobierno, una práctica que, según afirmó, debería ser erradicada.
El diputado aclaró que no cuestiona la presencia de ciudadanos extranjeros en actividades públicas; sin embargo, recordó antecedentes como el del peruano Walter Chávez durante el gobierno de Evo Morales, a quien atribuyó influencia en decisiones políticas y comunicacionales, así como en instancias gubernamentales y empresas estratégicas.
En ese marco, expresó su preocupación por la presunta cercanía de Cerimedo con el actual Gobierno, señalando que su nombre ya había surgido durante la campaña electoral de Rodrigo Paz. A su juicio, existirían similitudes con experiencias pasadas en cuanto al nivel de incidencia de asesores externos.
“Con preocupación vemos que un ciudadano argentino, ahora empoderado desde la Presidencia, se presenta en instituciones públicas, ministerios y empresas estratégicas para dar línea de gobierno, e incluso establecer contactos con empresas del exterior”, señala la petición presentada por el legislador.
Entre los puntos solicitados, Pino pidió al ministro Lupo informar sobre el estatus migratorio de Cerimedo, detallar las funciones que cumple dentro del Órgano Ejecutivo o en cualquier otra institución pública y aclarar si cuenta con autorización oficial para sostener reuniones, negociaciones o gestiones con empresas dentro o fuera del país. En caso afirmativo, solicitó la remisión de la documentación correspondiente.
En círculos del Palacio de Gobierno, según el legislador, se comenta que Cerimedo habría alcanzado un nivel de alta confianza presidencial, con incidencia en la estrategia comunicacional y conocimiento de procesos de contratación estatal.
Estas observaciones se producen en un contexto marcado por cuestionamientos a la política comunicacional del Ejecutivo, especialmente durante episodios como la crisis vinculada al Decreto Supremo 5503, la polémica por la validez de los billetes de la serie B y otros temas económicos.
Posteriormente, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5550, mediante el cual la Dirección de Comunicación y Vocería pasó a depender de la Jefatura de Gabinete del presidente Rodrigo Paz, bajo la nueva denominación de Unidad de Comunicación Estratégica, instancia en la que, según las versiones conocidas en el mismo Palacio Quemado, Cerimedo tendría participación influyente para definir la línea comunicacional en el entorno más cercano al mandatario.
Fuente: Erbol
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