Las cámaras Nacional de Comercio (CNC), Nacional de Industrias (CNI) y de Exportadores de Bolivia presentaron al Gobierno un proyecto de Ley de Promoción y Protección de las Inversiones que establece nuevas garantías para el capital privado, entre ellas el pago de una indemnización antes de que el Estado tome posesión de un bien expropiado.
La propuesta también plantea que, si el Estado no concreta el pago correspondiente en un plazo de 120 días, la expropiación quede sin efecto, explicó el presidente de la CNC, Eduardo Olivo.
La iniciativa busca establecer reglas que brinden mayor seguridad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, en un contexto en el que el sector empresarial advierte dificultades para atraer nuevos capitales al país.
Expropiaciones bajo condiciones
El proyecto establece que una expropiación deberá estar respaldada por una ley que declare la existencia de una causa de utilidad pública, además de respetar el debido proceso y garantizar el pago previo de una indemnización.
Con estas disposiciones, los empresarios buscan limitar la incertidumbre sobre la propiedad privada y establecer condiciones claras para las intervenciones del Estado.
La propuesta forma parte de un conjunto de medidas destinadas a mejorar las condiciones para invertir y desarrollar actividades productivas en Bolivia.
Incentivos para atraer inversiones
El documento incluye mecanismos para reducir los costos de inversión y simplificar los trámites administrativos. Entre ellos figura la creación de un portal único que publique los requisitos, plazos y costos de los procedimientos necesarios para desarrollar actividades económicas.
También plantea garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre inversionistas nacionales y extranjeros, además de permitir la transferencia de utilidades al exterior una vez cumplidas las obligaciones correspondientes con el país.
Otro de los incentivos propuestos es permitir el ingreso de maquinaria y equipos nuevos destinados a la producción sin el pago de aranceles ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para la compra de estos equipos en el mercado nacional, el proyecto contempla la devolución del IVA en un plazo de 30 días, sin establecer un monto mínimo de inversión. Según Olivo, el beneficio podría alcanzar tanto a grandes industrias como a pequeños emprendimientos.
Empresarios advierten dificultades para captar capitales
Durante la presentación, Olivo señaló que Bolivia recibió 620 millones de dólares de inversión extranjera durante la gestión pasada. Sin embargo, según los datos expuestos por el dirigente, tres de cada cuatro dólares correspondieron a utilidades reinvertidas por empresas que ya operaban en el país, mientras que apenas dos de cada 100 dólares representaron nuevas inversiones.
Para el representante empresarial, estas cifras evidencian la necesidad de establecer reglas previsibles que permitan atraer nuevos emprendimientos y ampliar la inversión privada.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Gonzalo Morales, sostuvo que contar con mayores garantías jurídicas es fundamental para impulsar la recuperación económica y evitar que los capitales extranjeros elijan otros destinos.
El presidente de la Cámara de Exportadores, Oswaldo Barriga, destacó la importancia de la estabilidad normativa para que las empresas puedan planificar sus inversiones y competir en los mercados internacionales.
Contratos de estabilidad de hasta 15 años
Entre las medidas contempladas, el proyecto plantea la posibilidad de que las inversiones de mayor magnitud accedan a contratos de estabilidad de hasta 15 años en materia de reglas tributarias y cambiarias.
Los representantes empresariales también insistieron en la necesidad de establecer garantías para la transferencia de divisas, siempre que los inversionistas hayan cumplido las obligaciones establecidas por la normativa nacional.
Las tres cámaras solicitaron al Ministerio de Economía y al Gobierno nacional impulsar la propuesta y remitirla a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento.
La iniciativa todavía debe seguir el trámite legislativo correspondiente. Su presentación no implica que las medidas propuestas estén vigentes ni que hayan sido aprobadas por el Estado.
Ahoradigital
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