El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que la Asamblea Legislativa tiene atribuciones para fiscalizar las actuaciones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, después de que Estados Unidos revocara su visa y lo señalara por presuntos actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico.
“Es el Órgano Legislativo el que tiene dos facultades: debe legislar y, la segunda, fiscalizar. La segunda razón es porque de la Asamblea Legislativa sale el nombramiento del fiscal general”, sostuvo Oviedo este miércoles.
La autoridad hizo la declaración al ser consultada sobre las acciones que deberían adoptarse en Bolivia después de que el Departamento de Estado estadounidense incluyera a Mariaca entre las autoridades alcanzadas por sus medidas migratorias.
Oviedo pidió diferenciar la decisión adoptada por Estados Unidos de las actuaciones que puedan desarrollarse dentro de Bolivia.
“Hay que dividir las cosas, una cosa es el retiro de las visas y eso es competencia y atribución de un Estado para ver qué ciudadanos pueden ingresar o no a su país. Por la segunda, la Asamblea Legislativa se ha pronunciado”, afirmó.
El ministro señaló así que la medida migratoria estadounidense corresponde a las atribuciones de ese país, mientras que cualquier eventual fiscalización de Mariaca debe desarrollarse dentro de los mecanismos institucionales bolivianos.
La declaración se produce después de que legisladores plantearan que el caso sea tratado en la Asamblea Legislativa y que se solicite información oficial a Estados Unidos sobre las acusaciones contra el Fiscal General.
El Departamento de Estado estadounidense acusó a Mariaca de haber utilizado sus cargos públicos para solicitar y aceptar sobornos con el propósito de facilitar actividades de narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del Gobierno estadounidense y no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial en Bolivia.
“Mariaca (…) abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, señala el comunicado difundido el lunes.
El documento añade que las acciones atribuidas al Fiscal General ponen en riesgo los esfuerzos del presidente Donald Trump contra el narcoterrorismo y afectan, según la posición estadounidense, instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer mediante su participación en el programa Escudo de las Américas.
Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia del Ministerio Público. El caso generó además pedidos de explicación y mecanismos de fiscalización dentro de la Asamblea Legislativa.
Correo del Sur
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