El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, planteó revisar integralmente la Constitución Política del Estado (CPE) y modificar las leyes que sean necesarias para avanzar hacia una nueva institucionalidad y una reforma de la justicia en Bolivia.
La propuesta fue presentada este jueves en Sucre, donde la autoridad electoral sostuvo que, después de varios años de vigencia de la Carta Magna, es momento de evaluar sus resultados y determinar qué aspectos deben mantenerse, modificarse o eliminarse.
“Si necesitamos un nuevo país con nueva justicia, con nueva reforma, hay que tener la capacidad de reformar desde la Constitución y todas las leyes que sean necesarias”, manifestó Ávila ante los periodistas.
El titular del TSE aclaró que la revisión no implica desechar todo el texto constitucional, sino analizarlo para rescatar sus aspectos positivos y corregir aquellos que, a su criterio, dificultan el desarrollo institucional del país.
CAMBIOS EN LAS REGLAS ELECTORALES
Ávila también puso sobre la mesa varias modificaciones a la normativa electoral. Entre ellas, planteó revisar el requisito del certificado de conocimiento de dos idiomas para acceder a una candidatura, al considerar que esta exigencia habría generado la comercialización de esos documentos y limitado la participación de algunos postulantes.
Asimismo, propuso revisar la exigencia de dos años de residencia previa para quienes buscan postularse a alcaldías y concejos municipales.
Otro de los puntos que mencionó fue la necesidad de establecer mecanismos para frenar a los denominados “taxipartidos”, organizaciones políticas que carecen de una estructura consolidada y que, según las críticas a esta práctica, funcionan principalmente para participar en procesos electorales.
La autoridad también consideró necesario revisar los mecanismos de elección de representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
EL DEBATE SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Como ejemplo de las dificultades que enfrenta el sistema electoral, Ávila cuestionó el artículo 11 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, que establece obligaciones relacionadas con el cumplimiento de decisiones de otros órganos del Estado. Según explicó, esa disposición es una de las que se busca modificar tras los problemas registrados en las elecciones judiciales.
La propuesta surge en un contexto en el que la reforma constitucional ya forma parte del debate político y legislativo, con iniciativas que plantean cambios en distintos ámbitos de la estructura estatal.
Sin embargo, cualquier modificación deberá respetar los procedimientos establecidos en la propia Constitución. El artículo 411 establece que una reforma parcial puede tramitarse mediante la Asamblea Legislativa y requiere un referéndum aprobatorio, mientras que una reforma total o que afecte las bases fundamentales del Estado debe realizarse mediante una Asamblea Constituyente.
Ávila pidió ampliar la discusión sobre el contenido de la Carta Magna y las normas que regulan el funcionamiento institucional, con el argumento de que el país debe evaluar su experiencia constitucional y avanzar en las reformas que considere necesarias.
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