Ahoradigital – El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregará el próximo 25 de noviembre a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de reforma a la legislación electoral que busca cerrar vacíos normativos, fortalecer la democracia y evitar la proliferación de organizaciones políticas utilizadas para alquilar siglas o negociar candidaturas.
El presidente del TSE, Gustavo Ávila, informó que la propuesta contempla cambios en distintos aspectos del sistema electoral, con especial énfasis en la eliminación de los denominados “taxipartidos”, a los que cuestionó por permitir presuntas prácticas de alquiler de personerías jurídicas y venta de candidaturas.
Ávila sostuvo que estas prácticas perjudican la democracia y planteó que las organizaciones que incurran en ellas puedan enfrentar sanciones que incluyan la pérdida y cancelación de su personería jurídica.
Militancia bajo mayor control
Otro de los ejes de la reforma apunta a reforzar los mecanismos de protección de la militancia política, para evitar que ciudadanos aparezcan inscritos en partidos sin su conocimiento o autorización.
La iniciativa busca establecer mayores garantías para los ciudadanos y mejorar los controles sobre los registros partidarios.
Candidaturas definidas con anticipación
El proyecto también propone modificar las reglas para la inscripción e inhabilitación de candidatos. Según Ávila, las listas de postulantes deberán quedar cerradas 45 días antes de las elecciones, con el objetivo de evitar cambios e inhabilitaciones de última hora que generen incertidumbre entre los votantes.
La reforma incluirá además modificaciones relacionadas con los debates electorales, las encuestas y otros aspectos de los procesos de votación.
El proyecto deberá pasar por la Asamblea
El TSE continúa realizando reuniones para presentar los alcances de la propuesta y recoger observaciones de distintos sectores, incluidos grupos considerados vulnerables.
Una vez entregado el proyecto el 25 de noviembre, corresponderá a la Asamblea Legislativa analizarlo y definir su tratamiento. Por tanto, las medidas anunciadas todavía son propuestas y no constituyen normas vigentes.
La iniciativa abre el debate sobre la necesidad de transparentar el funcionamiento de los partidos políticos y garantizar que las organizaciones que participan en elecciones respondan a estructuras democráticas reales, y no únicamente a intereses electorales circunstanciales.
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