Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz contra el expresidente Luis Arce Catacora y el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, relacionada con la detención del gobernador el 28 de diciembre de 2022.
“Elaboramos esta denuncia con meses de anticipación; no es una reacción improvisada a la aprehensión de Eduardo Del Castillo”, afirmó el jurista.
Según explicó, la denuncia contempla delitos de corrupción pública, como incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, además de otros tipos penales vinculados a vulneraciones de derechos humanos y a la integridad personal, entre ellos tortura, vejámenes y secuestro.
El abogado señaló que se espera la admisión de la denuncia para que posteriormente se proceda con la aprehensión inmediata de Del Castillo, al considerar que existen elementos suficientes que sustentan la probabilidad de autoría y el riesgo de fuga.
“Este riesgo se ha evidenciado la madrugada de hoy, cuando Eduardo Del Castillo intentaba salir del país, además de incumplir procedimientos administrativos como la presentación de su documentación y escudarse en la presencia de una menor para evitar una intervención policial”, sostuvo.
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Del Castillo fue aprehendido la madrugada de este martes en el aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz cuando intentaba viajar al exterior del país. Enfrenta una investigación por el presunto delito de impedir o estorbar el ejercicio de la función policial.
Se aguarda que el Ministerio Público resuelva la situación jurídica del ahora aprehendido exministro de Gobierno.
Camacho indicó que las penas previstas oscilan entre 5 y 10 años de cárcel, dependiendo del tipo penal, y aclaró que los delitos vinculados a la normativa anticorrupción contemplan sanciones más severas.
El abogado no descartó que otras personas puedan adherirse a la denuncia. “Tengo entendido que existen denunciantes que se sumarán a la acción presentada por el gobernador, además de otras personas afectadas, como miembros de la Unión Juvenil Cruceñista que fueron perseguidos durante la gestión de Eduardo Del Castillo”, afirmó.
Camacho agregó que estos casos se basaron en acusaciones infundadas, relacionadas con una investigación por supuesto transporte ilícito de armas que se extendió por más de cinco años sin que se haya logrado probar el delito.
“Han transcurrido más de cinco años, se solicitó la extinción del proceso y hasta ahora no existe una resolución”, dijo, y anticipó que podrían aparecer más víctimas de lo que calificó como una persecución “cruel e inhumana” contra líderes de Santa Cruz.
La Razón
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