Un tribunal de apelaciones en Perú ratificó el viernes (31.03.2023) los 36 meses de prisión preventiva por presunta corrupción impuestos al expresidente Pedro Castillo, detenido desde diciembre bajo cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado.
El exmandatario de 53 años deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.
«La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros», señaló el Poder Judicial en la red social Twitter.
El 10 de marzo en una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
El expresidente había anunciado entonces que apelaría la decisión judicial.
La Corte Suprema de Perú ratifica la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo mientras es investigado por un caso de corrupción, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa. pic.twitter.com/vcgQr24p3M
— EFE Noticias (@EFEnoticias) March 31, 2023
Por el caso de corrupción, dos exministros de Castillo cumplen también prisión preventiva.
Tras su fracasada maniobra el 7 de diciembre, Castillo fue destituido y llevado ese día al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos un policía y seis soldados.
Castillo, un izquierdista y líder sindical magisterial, niega los cargos de corrupción y sostiene que está «secuestrado injustamente».
La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía desde la presidencia una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder.
Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones.
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