Ahoradigital – Bolivia amaneció este jueves con uno de los operativos policiales de mayor impacto político y judicial de los últimos años. Acciones simultáneas en Santa Cruz, La Paz y Sucre terminaron con la aprehensión de autoridades, fiscales, exfuncionarios y policías, en una investigación que tiene como uno de sus principales elementos las declaraciones atribuidas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Entre los aprehendidos están el fiscal general del Estado, Roger Mariaca; el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos; el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo; el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores; el capitán Rubén Aparicio Villarroel; el coronel Ángel Morales, exdirector nacional de la Felcn, y el fiscal antidrogas Julio César Porras, entre otros funcionarios.
El operativo comenzó con la aprehensión de Mariaca y Zeballos en el aeropuerto internacional de Viru Viru, cuando llegaban desde Sucre. Poco después, la Policía desplegó acciones en otras ciudades e intervino instalaciones del Ministerio Público.
En Sucre, efectivos policiales ingresaron a la sede de la Fiscalía General del Estado. Funcionarios denunciaron una presunta vulneración de derechos y cuestionaron inicialmente que no se les mostraran las órdenes que sustentaban el procedimiento. La Policía ejecutó además aprehensiones dentro de las investigaciones.
En La Paz, entretanto, Eduardo Del Castillo fue interceptado en la zona de Sopocachi por agentes de Inteligencia. También fueron reportadas las aprehensiones de dos exjefes de gabinete del exministro y del capitán Rubén Aparicio.
El elemento que conecta buena parte de estas acciones es un video de una entrevista realizada a Sebastián Marset el 13 de marzo de 2026, después de su captura en Santa Cruz. En ese material, Marset afirma que habría pagado $us 500.000 para recibir protección y permanecer en Bolivia sin ser molestado. También menciona a Del Castillo, Mariaca y al capitán Aparicio.
Marset sostiene además que habría realizado pagos periódicos y que Aparicio habría servido como intermediario para sus contactos con Del Castillo. Estas son afirmaciones realizadas por el propio Marset y no constituyen por sí mismas una prueba de responsabilidad penal. Tendrán que ser contrastadas con documentación, movimientos financieros, comunicaciones, testimonios y otros elementos de investigación.
Otro nombre que aparece en el operativo es el del fiscal Julio César Porras, coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz, quien durante los últimos años tuvo un papel central en las investigaciones contra la estructura de Marset. Su aprehensión añade una nueva dimensión al operativo, aunque hasta el cierre de la información no se había precisado públicamente el delito específico que se le atribuye en esta nueva investigación.
También fue aprehendido Martín Daniel Irusta Flores, actual fiscal superior y exabogado de Evo Morales. Su nombre había cobrado notoriedad después de que Estados Unidos lo incluyera entre los ciudadanos bolivianos afectados por restricciones de visa.
El megaoperativo ocurre además pocos días después de que Estados Unidos anunciara restricciones contra ciudadanos bolivianos y señalara específicamente a Mariaca por presunta corrupción significativa y supuestos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones y el Gobierno boliviano anunció que solicitaría información a Washington sobre los elementos que sustentan los señalamientos.
Por ahora, tampoco está confirmado que los aprehendidos vayan a ser trasladados a Estados Unidos. Durante la noche circularon versiones sobre posibles movimientos hacia Viru Viru y hasta un eventual traslado internacional, pero no existe confirmación oficial de una entrega o extradición. Cualquier eventual traslado requeriría un procedimiento jurídico específico.
Lo que sí está confirmado es que el caso Marset acaba de entrar en una nueva fase: la investigación ya no se concentra únicamente en la estructura criminal del narcotraficante uruguayo, sino que alcanza a fiscales, policías y exautoridades de Gobierno que tuvieron distintos niveles de relación institucional con la lucha contra el narcotráfico.
Ahora la gran incógnita es qué pruebas existen detrás de las acusaciones, qué delitos serán atribuidos individualmente a cada aprehendido y hasta dónde llegará esta investigación que, en cuestión de horas, convirtió al caso Marset en el epicentro de una nueva crisis política y judicial en Bolivia.
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