La diputada Norma Piérola, que forma parte de la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que investiga la compra de material no letal, informó este viernes que la investigación determinó que existió dolo, se vulneró procedimientos de adquisiciones y se provocó un daño económico al Estado de 6.000.000 de dólares.
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“Esa viveza criolla le ha costado al país alrededor de un daño económico al Estado de 6.000.000 millones de dólares, hay dolo y además se han vulnerado las normas básicas de contratación de bienes y servicios, la Ley 1178 (de Administración y Control Gubernamentales-Safco) y aquí tendrán que decir muchas cosas las autoridades”, aseguró Piérola.
El jueves la Comisión parlamentaria aprobó el informe conclusivo sobre la adquisición estatal de gases lacrimógenos con supuesto sobreprecio realizada por el Gobierno de Jeanine Añez, por lo que el documento deberá pasar a la presidencia del poder Legislativo.
La investigación “ha concluido con informe final, no obstante de la obstrucción de información del Ministro de Economía, el Ministro de Gobierno, la Procuraduría sí ha venido, del Contador General del Estado, de la Aduana Nacional y sobre todo del ministro (de la Presidencia) Yerko Núñez y otros que hemos citado para que nos presten información”, detalló la legisladora.
En ese sentido, remarcó que la investigación establece que con la compra irregular de armamento no letal para la Policía, ejecutada a inicios de la gestión de Añez, se provocó un daño económico al Estado de más de 6.000.000 de dólares.
“Nosotros hemos llegado a la culminación de la investigación y estamos encontrando de momento, incumplimiento de deberes, obstaculización a la labor de los funcionarios públicos y por supuesto con todos los elementos colectados, vamos a entregar justamente al Ministerio Público que ya tiene una investigación abierta”, anunció.
Los legisladores indagaron desde el mes de julio la adquisición de agentes químicos, mediante un intermediario, por un valor mayor al pagado por los gobiernos de Ecuador y Venezuela, lo que derivó en una investigación penal contra los titulares de los ministerios de Gobierno y Defensa, Arturo Murillo y Luis Fernando López, respectivamente.
La investigación del caso le costó el cargo al ahora exprocurador General del Estado, José María Cabrera, ya que durante la etapa de entrevistas a autoridades para conocer detalles del hecho, declaró que a meses de haber solicitado información de parte de los involucrados, tan sólo recibió respuesta de López y no así de Murillo, asegurando que al ser funcionario público estaba incurriendo en una falta.
“El 24 junio la Procuraduría abrió una investigación respecto al caso gases lacrimógenos y se realizaron dos requerimientos, una al Ministro de Defensa (Fernando López), quien cooperó. No sucedió lo mismo con el ministro Arturo Murillo, quien no cumplió con su obligación constitucional de cooperar sobre este caso. Se informó esto a la comisión mixta legislativa, lo cual desencadeno la furia del ministro Arturo Murillo, quien requirió a la presidenta del Estado la remoción del procurador”, dijo Cabrera en una entrevista en Cadena A.
Un día después Cabrera fue desvinculado de la gestión gubernamental por orden de la presidenta Jeanine Añez.
Incluso el jueves, el exprocurador denunció que fue objeto de persecución y vigilancia ilegal durante su estadía en la ciudad de La Paz y señaló que espera que ahora en Santa Cruz, donde retornó en los últimos días, “cese el hostigamiento”. Por ese hecho apuntó al titular de Gobierno.
Pagina Siete
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