Nadia Cruz, la Defensora del Pueblo, presentó este viernes un proceso penal contra Ramiro Subia Chirinos, que durante la crisis social de noviembre de 2019, tomó las oficinas de la Defensoría del Pueblo en Potosí. Subia era presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico de Potosí (Comcipo).
Los cargos por los cuales Subia es procesado son: “Impedir o estorbar el ejercicio de funciones” y “atentados contra la libertad de trabajo”, indica la denuncia. La citación se realizará el próximo martes.
En contacto con Página Siete Digital, Subia aseguró que el proceso judicial que anunciaron en su contra es una evidente persecución política. Explicó que Vilma Martínez, la Delegada Defensorial en Potosí, afín al Movimiento al Socialismo (MAS) el año pasado solo veló por los intereses de su partido, por lo que “se determinó la decisión de tomar la institución”.
Aseguró que el hermano de Martínez, Iván Martínez, se encontraba en Vila Vila cuando ocurrieron los disturbios. Una caravana de mineros cooperativistas que se dirigía a La Paz fue atacada hace un año en esa región.
Más adelante indicó que un cabildo definió tomar dicha institución, que a su juicio eran “acaparadas” por el MAS.
“Hemos tomado la Defensoría del Pueblo, porque en su momento, cuando hubo las elecciones de los vocales electorales, denunciamos, que 80 o 90% de los postulantes a vocales eran exfuncionarios o militantes del MAS, se presentaron pruebas, pero jamás se hizo nada”, expresó Subia.
Subia de anticipó que se presentará a la citación de la Fiscalía.
Pagina Siete
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