El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó reparos a la aprobación del proyecto de ley PL 157/2023-2024, que plantea la conversión de la pequeña propiedad agraria en mediana propiedad o empresa agropecuaria, al considerar que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no promovió un debate amplio ni sustentado en criterios técnicos antes de su sanción.
La norma fue aprobada la pasada semana bajo dispensación de trámite y voto de urgencia, a solicitud del jefe de bancada de la alianza Libre, Rafael López. Este mecanismo permitió su rápida validación en la Cámara de Diputados tras haber sido tratada previamente en el Senado. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre este procedimiento el 12 de marzo, cuando remitió una nota oficial exhortando a abrir un proceso deliberativo con participación social y análisis técnico.
Callisaya subrayó que la ley tiene implicaciones directas en el modelo agrario del país, por lo que su tratamiento no debió limitarse a un trámite formal. Debe sustentarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impactos, enfatizó.
Según el análisis de la institución, la conversión de la pequeña propiedad podría modificar su régimen jurídico y poner en riesgo su condición de patrimonio familiar inembargable, un mecanismo clave de protección para las familias rurales frente a deudas o procesos judiciales.
Asimismo, se advierte que el cambio hacia la mediana propiedad podría obligar a los pequeños productores a insertarse en dinámicas de mercado más exigentes, sin garantías de competitividad ni acceso adecuado a financiamiento. Este escenario podría derivar en mayores niveles de endeudamiento e incluso en la pérdida de tierras.
A ello se suma la preocupación por un posible proceso de concentración de tierras, que podría debilitar el modelo de agricultura familiar, considerado esencial para el abastecimiento alimentario interno.
Otro aspecto observado es la Función Económica Social (FES), requisito que exige demostrar el uso productivo de la tierra. Bajo esquemas de mediana propiedad o empresa agropecuaria, su cumplimiento podría endurecerse, generando presión adicional sobre productores con limitaciones técnicas y económicas.
En paralelo, organizaciones rurales alertaron que la aprobación de esta medida sin consulta previa ni socialización suficiente podría desencadenar conflictos sociales, al modificar condiciones históricas de tenencia de la tierra y afectar mecanismos de protección del sector campesino.
En ese contexto, el Defensor del Pueblo insistió en que la deliberación pública y participativa es un pilar de la democracia, e instó al Órgano Ejecutivo a abrir espacios de diálogo amplios, inclusivos y con sustento técnico. El objetivo, remarcó, es prevenir tensiones y construir consensos en torno a un tema estructural para el desarrollo rural del país.
Correo del Sur
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