Desde la trabajadora social hasta el exjuez Rafael Alcón, todos los miembros de la red de corrupción tenían su función específica para lograr finalmente liberar a asesinos y feminicidas, como Richard Choque Flores y Rubén Omar Centellas Quevedo.
El fiscal de materia Johan Muñoz, quien está a cargo de la investigación contra Alcón, explicó la cadena de irregularidades del consorcio ilegal que operaba en el Juzgado Primero de Ejecución Penal de La Paz, en una entrevista en Que No Me Pierda.
Hay al menos cuatro casos en los que se operó de la misma manera:
1. La auxiliar del juzgado, la abogada Marlene Paco.
Según el fiscal Muñoz, esta jurista ayudó a varios delincuentes alguna salida alternativa a la cárcel. «Esta persona era auxiliar del Juzgado Primero de Ejecución Penal» y tenía un nexo muy cercano con el exjueza Alcón. «Aquí empezó la captación, tomando en cuenta que la auxiliar tenía conocimiento de todos los procesos y de los privados de libertad que estaban en ese juzgado»
Después dejó de ser auxiliar y comenzó a trabajar como abogada, en la profesión libre, Comenzó a contactarse con personas que tenían condenas de 30 años sin derecho a indulto. Alcón tenía conocimiento de todo.
¿Cuál era la única salida para un sentenciado sin derecho a indulto? «Una enfermedad terminal».
2. Carmen Rosa Solari, abogada.
«Para ocultar que Marlene Paco era la abogada de las personas que iban a beneficiarse con estas salidas, Carmen Rosa Solari firmaba las solicitudes de detención domiciliaria y otra», explicó Muñoz.
Prueba de ello son documentos que se encontraron en su oficina, todos ellos dirigidos a los juzgados de Ejecución Penal, pero la mayoría al de Alcón.
«En esta oficina encontramos la resolución 103/2020, por el delito de violación a niño, niña o adolescente y asesinato. El 10 de julio de 2020, conceden la detención domiciliaria a una persona que tenía una pena de 30 años sin derecho a indulto. Son elementos contundentes», manifestó el fiscal.
Asimismo, se encontraron solicitudes de salidas médicas. «Para tratar de engañar y que se crea que los privados de libertad tenían una enfermedad terminal, empiezan solicitando salidas médicas», dijo Muñoz.
3. El médico Freddy Torrejón Rocabado.
La intervención de Torrejón comienza ahí. El galeno realizaba esas valoraciones médicas. «En el caso de Richard Choque Flores, el médico ha sido parte, en la resolución de esta persona sentenciada por violación a menor de edad y asesinato, también el mismo médico certificó el documento médico», explicó el fiscal.
4. El exjuez Rafael Alcón.
Con todos esos documentos, que aparentemente estaban certificados, el entonces juez Rafael Alcón firmaba y concedía la detención domiciliaria de los sentenciados, avalaba los certificados médicos y en la mayoría de los casos otorgaba a los acusados 18 meses de arresto domiciliario.
5. Jessica Choquetijlla, visitadora social.
Teóricamente ella estaba a cargo de hacer el seguimiento de que se cumplan las detenciones domiciliarias. «Ella recibía las resoluciones de los juzgados, supuestamente realizaba la verificación domiciliaria, no observaba ningún elemento de la ley de Ejecución Penal ni su reglamento, y no cumplía con la visita cada tres meses de verificación», contó Muñoz.
En el caso de Choque, la resolución señala que 18 meses debía cumplir arresto domiciliario, cada mes firmaba un libro de registros ante Choquetijlla. «Ella permitió que firme casi dos años y no realizó ningún informe de verificación domiciliaria y menos informó que Choque cumplió el tiempo que manda la resolución», dijo el fiscal.
Por el caso del feminicida Choque, hay seis personas imputadas, cinco de las cuales están con detención preventiva y una, Solari, que fue beneficiada con arresto domiciliario.
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La Fiscalía investiga desde cuándo operaba la red del exjuez Alcón, aunque se tiene como punto de partida el año 2020.
Página Siete
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