El Ministerio Público activará un proceso por incumplimiento de deberes en el caso de la red de tráfico de medicamentos falsos, adulterados y de contrabando descubierta en la última semana, anunció este viernes el fiscal departamental de La Paz, Williams Alave. Recordó que la responsabilidad de fiscalizar la venta de fármacos corresponde a la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y al Servicio Departamental de Salud (Sedes), en este caso de La Paz.
“Paralelamente vamos a ingresar a generar una investigación por incumplimiento de deberes porque no solamente vamos a sancionar al que trafica medicamento ilegal, sino a aquel que no controla”, sostuvo durante una entrevista en la red Unitel, al referirse a la investigación que hasta la fecha descubrió que la red funcionaba desde hace al menos cinco años y que distribuía los fármacos ilegales a todo el país.
«Hace cinco años se ha permitido realizar esta situación que va en contra de la salud pública y sin embargo las instituciones encargadas de generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio, como del consumo de este tipo de medicamentos, no han sido efectivas y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas», afirmó.
Añadió que con el inicio del proceso por incumplimiento de deberes se buscará “una sanción para los responsables”.
La directora de Agemed, Patricia Tames, aseguró, en una entrevista con la misma estación de televisión, pero el jueves, que la entidad “hace controles constantes y diarios en los establecimientos, tanto en distribuidoras, importadoras, la industria farmacéutica y en establecimientos donde se expenden los medicamentos”.
Agemed, aclaró, es la instancia que emite la autorización para la comercialización de medicamentos. Cuando se le pregunto por el paradero de los medicamentos ilegales, respondió: “Específicamente habría que preguntar a ellos (la Policía)”.
Para Alave, “lo que sí tenemos que ver es que las instituciones, en este caso Sedes y Agemed, tienen que controlar periódicamente esto y no lo han hecho. Damos un ejemplo, no conocen el número de farmacias que hay en La Paz”.
El director Técnico del Sedes, Freddy Valle, dijo que las funciones de control de esa repartición “están ligadas a la Agemed” y al Ministerio de Salud. Precisó que tienen registradas 1.600 farmacias, pero además reveló que “sabemos que existen farmacias clandestinas, o sea que no están registradas, el número es difícil de calcular, calculamos que puedan ser unas 500”.
El Sedes, por orden de Agemed, activó operativos de control, pero “llegar a 1.600 farmacias es imposible, peor a las clandestinas”, dijo Valle. “Tenemos métodos de investigación de campo con teorías estadísticas y estamos llegando en lo posible a un 90% de efectividad”, afirmó a la red Uno.
Tames reveló en los días pasados que su despacho identificó un medicamento muy similar a uno que se identificó dentro del lote ilegal y que es de uso clínico. El hallazgo se hizo en una farmacia cercana al Hospital de Clínicas, pero nunca se lo reportó a la Policía.
“Lastimosamente las instituciones hacen una omisión para evitar ser involucrados en este tipo de casos, pero no olvidemos que en nuestro sistema penal también el encumbramiento es un delito que cuando no se denuncia un hecho, mucho más se sanciona a la persona cuando es un funcionario público porque además comete el delito de incumplimiento de deberes”, indicó Alave.
Bajo esos indicios, las investigaciones, a juicio del fiscal, deben ir más allá del ilícito por el cual hay 13 procesados. Se han identificado varias irregularidades, entre ellas que la Agemed no coordinó con la Fiscalía para hacer los operativos de control.
“Partamos de la hipótesis de que este tipo de actividad ilícita lo realizan hace cinco años y hace cinco años se ha permitido realizar esa situación que va en contra de la salud pública, sin embargo las instituciones encargadas para generar un control tanto en el ámbito de las farmacias, como del expendio y consumo de este tipo de medicamento no ha sido efectivo y ahí vemos que sí existe un incumplimiento de deberes por parte de estas personas”, señaló Alave.
La Razón
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