La Fiscalía amplió la investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas que sigue contra el alcalde José María Leyes para su esposa y cinco familiares como efecto del informe complementario de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), según el documento al que accedió Los Tiempos, ayer.
La investigación detectó transacciones sospechosas que van desde los 5 mil bolivianos hasta los 70 mil dólares entre personas que no tienen una relación comercial. Además, rastreó la compra de cuatro camionetas, pólizas de seguro y cinco propiedades.
Un movimiento sospechoso es un depósito de 71 mil dólares a una cuenta de un familiar del Alcalde por parte del empresario de un centro comercial y se registró como “devolución de préstamo”.
Sin embargo, antes de hacer el depósito, el empresario compró 70 mil dólares y explicó que el dinero provenía de la “venta de mochilas al por mayor”. En este caso, la transacción se hizo unos días después de que la Alcaldía pagara al empresario que se adjudicó las mochilas escolares en 2017, Juan de Dios Morales, el monto de su contrato.
El familiar que recibió el depósito del empresario del centro comercial adquirió luego una vagoneta con 174 mil bolivianos y 25 mil dólares, dinero declarado por la venta de un departamento. Sin embargo, en “Derechos Reales no se registra ninguna venta del inmueble”.
La investigación financiera detectó transacciones similares. Sobre la esposa del Alcalde se detallan tres movimientos sospechosos en 2017 y 2018.
Una de las transacciones está relacionada con la compra de 30 mil dólares presuntamente para pagar la fianza de 200 mil bolivianos del Alcalde, impuesta por su detención domiciliaria en 2018.
El origen del dinero se registró como un préstamo de su madre y esposo, pero “no existen retiros de las cuentas mencionadas que coincidan”.
En tanto, en 2017 compró dos pólizas de seguro por 50 mil y 30 mil dólares para vehículos que no son suyos, pero sí de personas cercanas.
Otro familiar del Alcalde tiene cinco operaciones sospechosas desde 2015 hasta 2017. Una corresponde a un pago de 40 mil dólares por un local en el centro comercial del empresario vinculado a la compra de mochilas, pero no está registrado.
El informe complementario de la UIF se solicitó luego del primero que estableció indicios de una actividad sospechosa en las cuentas del alcalde Leyes, los empresarios investigados por los casos Mochilas I y II, Juan de Dios Morales y María René Ramírez; los dos exsecretarios Diego Moreno y José Miguel Padilla; además de una hermana de la autoridad.
Los Tiempos intentó insistentemente conocer la versión de la defensa del Alcalde, pero no pudo contactar a ninguno de sus abogados.
SOBRE EL ALCALDE Y EL ABOGADO TRIGO
SITUACIÓN.- El alcalde José María Leyes enfrenta cuatro procesos por Mochilas I, II, III y legitimación de ganancias ilícitas. Sólo en el primero cuenta con acusación fiscal.
PROCESO.- Por otro lado, la persona que impulsa los procesos contra Humberto Trigo, uno de los abogados del Alcalde, pidió aclarar la versión que el defensor dio el 20 de junio sobre la presunta persecución que sufre por atender a la autoridad.
Según la denunciante, el proceso por incumplimiento de deberes por atender un caso particular cuando era director de carrera en la UMSS cuenta con acusación y el caso de consorcio está en la etapa preliminar.
ALCALDE PIDE SUSPENDER AUDIENCIA POR MOCHILAS II
REDACCIÓN CENTRAL
El alcalde José María Leyes solicitó ayer al finalizar la jornada a través de un memorial que el Juzgado Anticorrupción suspenda la audiencia de cesación a la detención preventiva por el caso Mochilas II.
“A fin que ese acto procesal se desarrolle con mayores elementos de convicción (…) tengo a bien retirar mi solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva”, indica el memorial del Alcalde.
Su defensa informó en un inicio que la solicitud de libertad estaba enmarcada en la cesación que recibió por Mochilas I. Ahora se buscaba el mismo resultado en Mochilas II, caso por el cual permanece detenido.
Mira también
Leyes está preso en el penal de San Antonio desde el 30 de noviembre de 2018.
Es investigado por la presunta compra irregular de 92 mil mochilas escolares con un valor de 12 millones de bolivianos. También son procesados exfuncionarios y los empresarios que se adjudicaron el contrato.
Los Tiempos
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