Ahoradigital – El exgobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, deberá cumplir detención domiciliaria dentro del proceso por el denominado caso “Carretera fantasma”, relacionado con un proyecto vial que no llegó a ejecutarse en el municipio de Yotala.
La decisión fue asumida por el juez Emilio Colque, quien rechazó la solicitud de detención preventiva planteada por el Ministerio Público contra Urquizu y su exsecretario Wilmar Aguirre. Ambos recibieron medidas de detención domiciliaria, aunque con autorización para trabajar.
El proceso investiga el proyecto carretero Chamina-Tres Cruces-Lloveta, que debía ejecutarse en Yotala. De acuerdo con los antecedentes difundidos durante la investigación, la obra no llegó a concretarse pese a los recursos comprometidos.
Un informe de la Contraloría General del Estado establece un presunto daño económico superior a Bs 36 millones. La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar a Urquizu y Aguirre por los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
La Fiscalía había pedido cárcel
Antes de la audiencia, el Ministerio Público había ratificado su pedido de detención preventiva para ambos exfuncionarios.

La Fiscalía argumentó la existencia de riesgos procesales y señaló que todavía existen actos investigativos pendientes. También sostuvo que los imputados podrían influir u obstaculizar la investigación.
La audiencia inicialmente debía realizarse el 15 de septiembre, pero fue suspendida después de que la defensa de Urquizu planteara un incidente de nulidad. Finalmente, el juez reprogramó la audiencia para el 21 de septiembre.
Urquizu podrá trabajar
La determinación judicial establece que la detención domiciliaria no impedirá que Urquizu y Aguirre puedan desarrollar sus actividades laborales.
Además, deberán cumplir otras medidas cautelares, entre ellas presentarse periódicamente ante las autoridades, pagar una fianza y abstenerse de comunicarse o acercarse a testigos relacionados con el proceso. También se establecieron restricciones respecto a las instalaciones de la Gobernación.
El caso continuará en etapa de investigación para establecer las responsabilidades que correspondan por el proyecto carretero que no fue ejecutado.
Fuente: Ahoradigital






