El fiscal departamental de La Paz, Carlos Torrez, informó este jueves que se activó una alerta migratoria contra el exministro Juan Ramón Quintana, investigado por los 24 días de bloqueo evista.
Con una orden de aprehensión en su contra y «prófugo» de la Justicia, Quintana se declaró en la clandestinidad y dijo que no será un «objetivo fácil» para el Gobierno. Precisamente, acusó a la administración del presidente Luis Arce de tener intenciones «políticas» para capturarlo.
Por ese caso también es investigado Ponciano Santos, dirigente campesino de la fracción evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), que también se encuentra en situación de clandestinidad.
Juan Ramón Quintana
Ambos son investigados por la supuesta comisión del delito de terrorismo e instigación pública a delinquir.
Otros dirigentes, Humberto Claros y Ramiro Cucho, guardan detención preventiva por el mismo caso.
Según informó el viceministro de Seguro Ciudadana, Roberto Ríos, Quintana y Santos, además de su líder, Evo Morales, se encuentran «atrincherados» en el Trópico cochabambino.
Consultado sobre el paradero de Quintana, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que éste sigue en el país.
Sobre los antecedentes atribuidos a los investigados, el ministro cuestionó que, por ejemplo, Quintana haya “ordenado” a campesinos e indígenas a bloquear el país durante 24 días y, además, enfrentarse con los miembros de la Policía Boliviana, como ocurrió en las localidades de Parotani, Cochabamba, y Mariana, Santa Cruz, donde hubo varios efectivos heridos.
Bloqueo evista
Quintana causó repercusiones al señalar, en medio del conflicto, que los bloqueos “desafortunadamente, (los bloqueos) se alimentan a través de la sangre”.
Entretanto, Santos lanzó duras amenazas contra la Policía Boliviana, que despejaba los puntos de bloqueo en varios sectores.
El bloqueo evista, entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre, aisló a Cochabamba del resto de los departamentos; también generó un daño a la economía nacional que supero los $us 2.400 millones, según información del Gobierno.
Fuente: La Razón
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