El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que su cartera no tiene atribuciones para solicitar directamente la extradición del exfiscal Marcelo Soza, quien se encuentra en Brasil, y señaló que el trámite corresponde a otras instancias del Estado.
La aclaración fue remitida por escrito al presidente Rodrigo Paz, en respuesta a una minuta de comunicación impulsada por el senador Leonardo Roca, de la alianza Libre, quien planteó gestionar el retorno de Soza para que comparezca ante la justicia boliviana por su participación en el denominado caso Hotel Las Américas.
Según el documento, el Viceministerio de Asuntos Jurídicos Internacionales y Gestión Consular, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene entre sus atribuciones coordinar la participación del Estado en mecanismos internacionales, como la extradición.
Gobierno revisa los antecedentes del caso
Oviedo también informó que el Ministerio de Gobierno presentó un memorial ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia a la Mujer, donde radicó el proceso, para acceder a copias de los actuados más relevantes y revisar los antecedentes.
Como parte de estas gestiones, la cartera solicitó información sobre las autoridades que ocuparon los cargos de ministro de Gobierno y viceministro de Régimen Interior y Policía entre 2009 y 2020, además de registros del personal policial.
La revisión busca contribuir a esclarecer las responsabilidades que pudieron existir en torno a los hechos investigados en el caso Hotel Las Américas.
Un caso marcado por muertes y cuestionamientos judiciales
El operativo policial del 16 de abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra, terminó con la muerte de Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer, además de la detención de Mario Tadic y Elöd Tóásó.
El proceso judicial, impulsado durante el gobierno de Evo Morales bajo acusaciones de terrorismo y separatismo, fue objeto de cuestionamientos por presuntas vulneraciones de derechos humanos. En 2020, el juicio concluyó con una sentencia absolutoria para los acusados.
Soza, quien encabezó la investigación, salió de Bolivia en 2014 y posteriormente fue condenado a 12 años de prisión por extorsión, según antecedentes publicados por medios nacionales.
Buscan identificar responsables y reparar a las víctimas
La minuta impulsada por el senador Roca también plantea investigar a exfuncionarios policiales, fiscales, jueces y autoridades gubernamentales que presuntamente hubieran tenido responsabilidad en los hechos, así como promover medidas de reparación integral para las víctimas.
Entre las acciones consideradas por el Ministerio de Gobierno figura incorporar contenidos sobre el debido proceso, la prohibición de ejecuciones extrajudiciales y el uso progresivo de la fuerza en la formación de la Universidad Policial.
Por el momento, la extradición de Soza no está confirmada. La respuesta oficial establece que su eventual tramitación depende de las instancias competentes y se enmarca en las gestiones para revisar los antecedentes de uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente de Bolivia.
Ahoradigital
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