La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) verificó que la oficina de la empresa o instituto donde trabajará Max Mendoza –el exdirigente estudiantil que se benefició de la detención domiciliaria– no existe.
La abogada de la UMSA, Lourdes Alba, explicó a Página Siete que antes de la audiencia de Mendoza –que estaba programada para el martes– el personal de la universidad visitó las dos direcciones que presentó esa empresa y descubrió que en ninguna funciona dicho instituto.
“En la primera dirección del contrato de trabajo y la del NIT dice avenida Arce, frente a la plazuela Zenón Iturralde, aunque no da el nombre del edificio, indica que es el número 106 de la zona San Jorge. Sin embargo, en la actualización de la matrícula de ese instituto, da otra dirección, pues dice que está (ubicada) en la avenida Ecuador, número 503, de la misma zona de Sopocachi”, dijo Alba.
Recordó que cuando fueron a verificar, vieron que en la primera dirección “no existe ese número de casa o edificio”. “Ahí la numeración comienza a partir de 110, el cual es un edificio de la Universidad Salesiana y al frente está un edificio con número 115, donde funcionan otros centros comerciales, luego está el 121, 138 y otros. No hay el 106”, sostuvo.
Alba indicó que en la otra dirección sí se encontró el inmueble. “Pero en el lugar nos dicen que ahí no existe ningún instituto –tal como indica el contrato de trabajo– y que ahí funciona la oficina del diputado (Ingvar Ellefsen)”, dijo.
Página Siete informó el miércoles que el diputado de Comunidad Ciudadana Ingvar Ellefsen dio el certificado de trabajo a Max Mendoza para que salga de la cárcel y se beneficie con la detención domiciliaria.
Aseguró que esas irregularidades las presentó en la audiencia de Mendoza, pero el juez indicó que “no las tomó en cuenta y que lo único que valoró –para darle la detención domiciliaria– fue el certificado médico legal que presentó (el acusado) por el derecho a la vida y la salud”.
Mendoza fue detenido en mayo de 2022 porque fue denunciado por el abogado y docente de la UMSA Víctor Hugo Chávez. A la querella se sumó la universidad y el diputado Héctor Arce del MAS. Fue imputado por los delitos de enriquecimiento ilícito y daño económico al Estado, ya que él habría recibido un salario de 22.000 bolivianos como presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (Ceub) durante cuatro años.
El martes, el juez tercero anticorrupción resolvió modificar la detención preventiva por la domiciliaria previo el pago de una fianza de 40.000 bolivianos.
Otra de las observaciones –según Alba– se refiere al certificado médico que fue otorgado por el IDIF. “(Este documento indica que) al momento del examen físico el paciente (Mendoza) se encuentra consciente, con funciones cognitivas normales, con signos vitales estables y dentro del rango de la normalidad. Clínicamente sin signos de descompensación, pero como el examinado refiere tener ciertas patologías, se necesita certificado médico original de especialistas en endocrinología, neumología y neurología”, indicó.
Eso significa, dijo Alba, que Mendoza debería mostrar esos certificados porque él indicó que tiene diabetes, pero “no presentó nada y el juez sólo se basó en ese informe”. Agregó que hubo irregularidades en la audiencia y, pese a ello, el juez no valoró ninguna, por eso fue apelado.
Postura de CC
Declaración Mediante un comunicado de prensa, Comunidad Ciudadana informó que “la señalada contratación (del exdirigente universitario Max Mendoza) y las actuaciones del diputado (Ingvar Ellefsen) en este caso son estrictamente personales y no tienen ninguna relación ni vinculación con la Alianza Comunidad Ciudadana ni con sus dirigentes o sus parlamentarios”.
“Al tratarse de un tema muy grave, remitimos de inmediato los antecedentes de este caso a la Comisión de Resolución de Controversias de la Alianza para que se realice un análisis minucioso de este ingrato asunto y se establezcan las responsabilidades que correspondan”, se lee en el comunicado.
Página Siete
Mira también
Comentarios