El vicepresidente del Movimiento Demócrata Social (MDS), Ernesto Suárez, denunció este miércoles que fue sentenciado a devolver ocho millones de bolivianos dentro en un proceso coactivo civil por una transferencia de recursos que realizó cuando era prefecto del departamento del Beni.
Suárez dijo que una administración de justicia «corrupta y sometida» al poder político lo sentenció por un «delito» que no cometió porque solo desconcentró «legalmente» recursos económicos de las cuentas fiscales de la exprefectura del Beni a las cuentas fiscales de la entonces subprefectura de Vaca Diez.
«Nosotros transferimos de una cuenta fiscal a otra cuenta fiscal, eso es legal, y se transfirió a un subprefecto que estaba reconocido constitucionalmente, no se transfirió a cuentas personales ni a personas particulares», insistió.
Consideró que este proceso fue usado en su contra para darle «donde más le duele», es decir, sus propiedades. Pues ahora van a realizar «la anotación preventiva de todos mis bienes y van a entrar a rematar todos mis bienes, eso es lo que van a hacer por los 8 millones de bolivianos que están pidiendo que yo devuelva sin haber manejado yo un solo centavo de ese dinero», lamentó.
El presidente del MDS y gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, agregó que Suárez no fue acusado de llevarse dinero, sino fue sindicado de hacer una transferencia a una subprefectura para proyectos de desarrollo productivo en comunidades del Beni.
Además «este modelo de asignación y transferencia de recursos sigue hoy vigente y es legal, y el subprefecto al que se le transfirieron los recursos para su ejecución, y cuya ejecución se cuestiona, ha sido declarado inocente. Entonces, no hay ningún modo en que el que ejecuta sea inocente y el que hace la transferencia de forma formal a cuentas fiscales, dentro de un proceso de autonomía, se lo declara culpable. Es inconcebible», manifestó.
Costas apuntó que los Demócratas, ante la «parcialización de la justicia» y casi el absoluto control del Gobierno sobre ella, acudirán a los organismos internacionales pertinentes para denunciar esta «persecución política» y buscar tutela de los derechos de Suárez.
El Deber
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