El Centro de Rehabilitación Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, suele ser mencionado en crónicas policiales y judiciales. Sin embargo, pocas veces se mira a este espacio como un laboratorio social y psicológico, donde cientos de hombres cumplen condena o esperan sentencia por violencia contra su pareja.
Allí, una investigación reciente ha puesto sobre la mesa un hallazgo tan inesperado como inquietante: los internos, acusados o sentenciados por violencia contra la mujer, no registran altos niveles de ira ni de impulsividad en pruebas psicométricas, pero la tensión acumulada los hace estallar en episodios violentos ante situaciones aparentemente menores.
“Como psicoterapeuta, he visto cómo la fiscalía y los juzgados derivan a valoraciones a los acusados por violencia doméstica. Pero al escucharlos se observaba el impacto de haber estado detenidos en el penal, según ellos, de manera injusta. Esto me llevó a querer explorar qué sucedía en general”, relata la especialista Patricia Candy López Zúñiga, docente de la carrera de Psicología en la Universidad Franz Tamayo, Unifranz Santa Cruz.
Su trabajo es uno de los ganadores de la quinta versión de las Jornadas de Investigación de Unifranz, un espacio académico y colaborativo que promueve la generación, socialización y aplicación del conocimiento desde una perspectiva interdisciplinaria y con impacto social. Cada año, estudiantes, docentes e investigadores se reúnen para presentar proyectos, avances y resultados en áreas clave como salud, tecnología, educación, sostenibilidad, economía creativa y transformación digital.
Ira contenida: el hallazgo inesperado
El estudio se realizó a lo largo de tres años y participaron -de forma voluntaria- 352 internos acusados por violencia hacia la mujer, en detención preventiva o con sentencia. Aunque el tema es bastante amplio, la investigación se delimitó a los indicadores de impulsividad e ira. En este caso no se tomó en cuenta los casos de feminicidio.
En cuanto a los indicadores de ira, un 65,91% de los agresores mostró niveles bajos de ira-estado, mientras que un 48,01% presentó niveles bajos de ira-rasgo y un 40,63 % niveles moderados. En impulsividad, más de la mitad, 56,25 %, también estaba por debajo de lo esperado.
“Estos indicadores eran parte de una pregunta que tenía, ¿cómo se explica que los resultados obtenidos de ira e impulsividad reflejen estar por debajo de lo esperado, cuando todos ellos son acusados por ser violentos con su pareja?”, reconoce López.
En los resultados encontró una excepción reveladora, si bien la presencia de dichos indicadores era bajo, el control interno de ira era muy alto. Este se encontró presente en el 64,77% de los participantes. Esa contención excesiva, explica la especialista, es la que se traduce en estallidos posteriores no planeados.
“Ellos contenían la ira para evitar expresarla, algo que requiere una gran inversión de energía, incluso para no tener problemas con la pareja. Pero esta contención de la ira genera reacciones violentas e inesperadas, desencadenadas por situaciones cotidianas como desacuerdos, discusiones o consumo de bebidas”, señala la investigadora.
En concordancia, los datos muestran que en el 63% de los agresores se genera una impulsividad no planeada. Es decir que en el momento menos pensado hacen explosiones de violencia, muestra de una mala gestión de emociones.
Educación incompleta, atención deficitaria
Otro hallazgo clave fue el nivel educativo de los internos. El 79,31 % no concluyó el bachillerato: 28,01 % apenas alcanzó la primaria, 50,9 % llegó a secundaria, y solo 1,1 % tenía formación universitaria completa.
Este dato llevó a López a una hipótesis inquietante: “Aunque no es determinante, nos cuestiona si la educación formal boliviana deberá fomentar o enfatizar desde los inicios la atención y concentración. Es un aspecto a investigarse en lo posterior”, sugiere.
La investigación también detectó que muchos internos presentan bajos niveles de atención y concentración, lo que afecta su capacidad de regular emociones y responder de forma adecuada ante conflictos. La bibliografía al respecto señala que las personas que tienen un bajo nivel de atención son propensas a ser más impulsivas
“Muchos de ellos no aceptan que hayan sido violentos y nos preguntamos ¿qué es lo que pasa?. Al hablar con ellos muchos señalaron que no se acuerdan, que estaban ebrios, etc. Esas contradicciones nos muestran que el área de concentración y atención eran muy bajos”, detalla la especialista.
Factores socioculturales que alimentan la violencia
Uno de los aspectos que llamó la atención y preocupa es que el 64% de los agresores son hombres jóvenes de entre 18 y 35 años de edad. Antes de ser ingresados en el penal el 50,5% eran obreros y un 29,26% empleados. Cerca del 80% trabajaba de forma informal.
Los resultados no se entienden sin el contexto. La investigadora identifica un conjunto de factores socioculturales que influyen en el comportamiento de los internos.
“Existen varios factores, como la falta de oportunidades al acceso educativo, estabilidad laboral, patrones conductuales transmitidos transgeneracionalmente, presencia y consumo de alcohol u otras sustancias no lícitas, dificultad en la comunicación funcional, etc.”, sostiene.
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Paradójicamente, muchos de los entrevistados aseguran que su primera reacción es evitar las discusiones con la pareja. Sin embargo, esta estrategia termina siendo contraproducente, la tensión se acumula, y tarde o temprano deriva en un estallido de violencia.
Propuestas de intervención: más allá del castigo
El estudio no se limitó a medir variables, también propuso caminos de acción. López plantea un modelo de tres etapas de prácticas restaurativas. En la primera, aplicable en el penal, se trabaja con el agresor y su entorno cercano, y de manera separada con la víctima y su sistema primario.
“Cuando ambos están de acuerdo en participar, se mencionan las normas a seguir para dar lugar al inicio de las mismas, previa coordinación, preparación, compromiso, consentimiento y logística. Al concluir, se plasman acuerdos escritos, donde el objetivo es que todos ganen en bien de la restauración de la relación”, explica la investigadora.
Este enfoque excluye a feminicidas o a quienes intentaron feminicidio, dado el nivel de riesgo y la necesidad de evaluaciones diferenciales tanto jurídicas como psicológicas.
Impacto esperado: de la cárcel a las políticas públicas
La violencia de género en Bolivia sigue alcanzando cifras alarmantes, con altos índices de feminicidios cada año. En este contexto, López espera que su investigación marque un punto de partida:
“Espero que sea un punto de inicio en adultos con sentencia y preventivos para reducir la violencia a través de la escucha activa, donde prima el compromiso y responsabilidad -valores que se encontraron demasiado disminuidos-. Para seguir replicándose tanto al interior como en el postpenitenciario, con un seguimiento por etapa”.
La propuesta apunta no solo a reducir la reincidencia, sino también a influir en el diseño de políticas públicas. La investigación sugiere que el abordaje de la violencia debe ir más allá del castigo y considerar factores educativos, socioculturales y emocionales.
En definitiva, lo que revela el estudio en Palmasola es una paradoja: hombres acusados de violencia que, en apariencia, controlan su ira, pero que en realidad la contienen hasta el límite, con consecuencias destructivas para sus parejas y para sí mismos. Una violencia que no siempre brota de un arranque inmediato, sino de silencios prolongados, de carencias educativas, de patrones heredados y de la ausencia de herramientas emocionales.
En palabras de López, el reto está en “transformar la contención dañina en manejo saludable de la ira e impulsar programas restaurativos que devuelvan la responsabilidad y el compromiso al centro de la convivencia”.
El Deber
