El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) critica el actuar de la justicia respecto al proceso contra el exdirigente universitario Max Mendoza, quien fue beneficiado con la detención domiciliaria. No es el único. Álvaro Quelali, otro de los denunciados, también recibió el mismo beneficio. Ante esta situación, estudiantes ven afanes de impunidad en la liberación de los dos acusados.
La abogada que defiende a Quelali, Mónica Irusta, aseguró que él no pretende volver a la dirigencia universitaria y que sólo busca “el sobreseimiento de su caso”.
“El sistema de la Universidad Boliviana no permitirá que haya injerencia y manipulación de la justicia boliviana, mucho menos cuando se trate de actos de corrupción que se hayan suscitado en el seno del CEUB y por ende en el sistema universitario”, indica un pronunciamiento que emitió ayer el CEUB, sobre el caso de Mendoza, quien es investigado por los delitos de usurpación de funciones y otros, enmarcados en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.
En dicho documento, el CEUB recordó que, por esos hechos, Mendoza fue expulsado de todo el sistema universitario e indicó que estará pendiente de las decisiones que asuma la justicia, por lo que “desde ahora realizará una vigilia para que exista en el país la independencia de poderes (…)”.
“La justicia de Bolivia está de cabeza, cómo es posible que haya salido de la cárcel la persona (Quelali) que desfalcó recursos de la UMSA, fondos que corresponden al IDH (Impuesto de Hidrocarburos)”, dijo a Página Siete Rivera, uno de los universitarios que denunció las irregularidades del acusado.
Indicó que temen “impunidad” para los dos exdirigentes universitarios.
Mendoza ingresó al penal de San Pedro en mayo por ocupar un cargo en el CEUB y recibir un salario de casi 22.000 bolivianos sin cumplir los requisitos durante cuatro años. Sin embargo, la pasada semana salió del penal de San Pedro con detención domiciliaria en medio de irregularidades, según denuncias.
Álvaro Quelali, exdirigente de la Federación Universitaria Local, fue denunciado por beneficiar a su hermano con viajes al exterior sin cumplir con los requisitos. Fue enviado a la cárcel y consiguió su libertad gracias al beneficio de la detención domiciliaria.
Karen Apaza, la estudiante que denunció a Quelali, dijo que no es posible que “a consecuencia de que no se haya acelerado el proceso y la presentación de las pruebas, ahora el exdirigente de la FUL goce de detención domiciliaria”.
Apaza indicó -además- que las personas que denunciaron las irregularidades tienen mucho temor porque antes de ingresar a la cárcel “Quelali ya comenzó a lanzar amenazas”.
La abogada de Quelali, Mónica Irusta, informó ayer que su defendido “salió la semana pasada” del penal de San Pedro, donde estaba con detención preventiva con el pago de una fianza de 60.000 bolivianos”.
De acuerdo con la jurista, el acusado hizo lo “humanamente posible” para salir de la cárcel y ahora está en su casa. Este beneficio no tiene salida laboral.
“En la audiencia fue modificada su situación jurídica, porque no puede estar más tiempo con detención preventiva tal como solicitó la fiscal”, detalló Irusta y aseguró que cuando se notificó a todas las partes no se presentaron los denunciantes, es decir la Asamblea Legislativa y la UMSA.
De acuerdo con Víctor Hugo Chávez, abogado y docente de la UMSA, no era necesario que los universitarios denunciantes participen en la audiencia, porque esa casa de estudios superiores fue la víctima y debería estar presente en la cita.
La defensa de Quelali aseguró que el acusado estará un mes más con una medida sustitutiva, mientras dure la ampliación de la investigación, porque la fiscal indicó que se convocó a un administrativo y se espera su declaración.
Irusta dijo que hasta la fecha no se presentó la convocatoria del viaje a Cuba de los estudiantes ante la Fiscalía para determinar si fue o no legal. Agregó que “Quelali era en ese entonces secretario académico y no era una máxima autoridad, por lo que no puede autorizar los gastos”.
Además, Irusta precisó que “el IDH es un recurso apartado del Estado”, ya que ese dinero pertenece a la UMSA; entonces, “no entraríamos dentro de una conducta antieconómica al Estado, porque nunca existió tal daño”. Añadió que con ello se defenderán con la medida “menos gravosa”.
Laura Alba, abogada de la UMSA, dijo que pese a que gozan de ese beneficio, los acusados siguen investigados.
Los dirigentes
Mendoza Es uno de los exdirigentes universitarios que permaneció 33 años como estudiante. Fue denominado “dinosaurio” porque estudió dos carreras en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba y tuvo más de 100 materias aplazadas.
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Quelali De acuerdo con los estudiantes de la UMSA, él fue la mano derecha de Mendoza. Él también llevaba más de 20 años como universitario. Egresó de Matemáticas y continuó con otra carrera universitaria, pero no la concluyó.
Polémica Ambos dirigentes fueron detenidos en 2022.
Página Siete
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