La crisis del sistema penitenciario persiste y, peor aún, muestra señales de agravamiento, pese a la alerta por parte de la Defensoría del Pueblo en septiembre. A casi un año de aquella advertencia, el hacinamiento supera el 109%, mientras las muertes violentas registradas en las cárceles ya superaron en siete meses de 2026 el total de casos reportados durante todo el 2025.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, exigió este lunes al Órgano Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Régimen Penitenciario que cumplan las recomendaciones formuladas para enfrentar la crisis de derechos humanos en las cárceles del país.
“Persiste la crisis estructural en el sistema penitenciario”, afirmó Callisaya durante la presentación del informe de seguimiento a la alerta temprana elaborada por la institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Uno de los principales problemas identificados es el uso extendido de la detención preventiva. Hasta diciembre de 2025, el 53,91% de las personas privadas de libertad no tenía una sentencia condenatoria, de acuerdo con los datos de la Defensoría.
Aunque ese porcentaje disminuyó en dos puntos entre julio y diciembre del año pasado, Callisaya cuestionó que la detención preventiva continúe como una práctica habitual y no como una medida excepcional.
“Se continúa con la detención preventiva como una regla y no como una excepción”, dijo el Defensor. Además, reclamó al Órgano Judicial y al Ministerio Público explicar qué política aplicarán para reducir el uso de esta medida.
La mayoría de estos casos se concentró en Santa Cruz, particularmente en los centros penitenciarios de Palmasola y Montero. Para la Defensoría, el incremento de la violencia evidencia que las advertencias realizadas desde 2025 no han recibido una respuesta suficiente por parte del Estado.
El sistema penitenciario cerró 2025 con 32.677 personas privadas de libertad y un nivel de hacinamiento del 109%. Aunque hubo una reducción de 381 internos entre julio y diciembre de ese año, la presión sobre la capacidad instalada continúa.
La situación también afecta la atención médica. Según Callisaya, existe apenas un médico por cada 510 personas privadas de libertad, una proporción que dificulta cumplir con el examen médico inicial dentro de las primeras 48 horas y detectar a tiempo enfermedades que podrían prevenirse o tratarse.
A esto se suma la inseguridad alimentaria provocada por retrasos en el pago de los prediarios. La Defensoría reportó demoras de hasta tres meses en La Paz y de dos meses en Potosí, Beni, Chuquisaca y Tarija.
Callisaya también cuestionó la ausencia de respuestas formales por parte del Órgano Judicial y la Fiscalía General del Estado sobre las recomendaciones emitidas por la Defensoría.
Según el informe, ambas instituciones fueron notificadas en diciembre de 2025 y marzo de 2026, respectivamente, pero hasta ahora no remitieron un pronunciamiento formal sobre las medidas adoptadas.
La Defensoría también observó proyectos de infraestructura penitenciaria paralizados en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Con estos datos, la institución volvió a exigir acciones inmediatas al Estado para enfrentar una crisis que mantiene problemas de hacinamiento, detención preventiva, violencia, atención sanitaria, alimentación e infraestructura.
Tomado de La Razón
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