Los denominados avasallamientos de tierras en Santa Cruz están precedidos por trámites inconclusos de propiedad de predios ganaderos e incursiones violentas que, aprovechando esa situación, buscan posesionarse de ellos. Aunque se menciona que hay cientos de estos casos en el departamento, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) hace seguimiento a 16 denuncias presentadas por sus asociados desde el año pasado.
La mayor parte de las tierras afectadas, si no todas, son estancias ganaderas, incluida la propiedad de la familia Kim que, por su cercanía a la capital cruceña, fue invadida en las últimas semanas por cientos de personas en una zona considerada un acuífero de importancia para toda la población urbana.
Las autoridades cruceñas de distintos niveles cuestionan esta invasión, ejecutada durante los 36 días de paro cívico, y demandan la actuación de la fuerza pública para expulsar a los avasalladores; mientras que las autoridades gubernamentales anunciaron acciones “drásticas” contra las personas que tomen ilegalmente propiedades privadas.
El caso tiene un impacto directo porque ocurre al lado de la capital cruceña, en el municipio de La Guardia, pero las tomas de tierras en contra de estancias ganaderas, principalmente, se han generalizado en el departamento hace un tiempo.
El presidente de Fegasacruz, Adrián Castedo, explica que las asociaciones de ganaderos que presentan problemas de avasallamiento son principalmente Guarayos, San José de Chiquitos, Andrés Ibañez, Pailón y la zona de Las Londras, ubicada entre los municipios El Puente y San Julián.
Guarayos
Los principales problemas están en la zona de Guarayos, donde una reserva forestal coincide casi en su totalidad con el territorio indígena TCO Guarayos, pero a la vez existen en esa misma superficie comunidades campesinas y empresarios privados con problemas en la definición legal de sus posesiones.
Para Castedo, el principal problema es la existencia de la reserva forestal y la indefinición que existe respecto a sus límites. Guarayos es una de las tres reservas forestales de Santa Cruz, junto con El Choré y Bajo Paraguá, que fueron creadas entre los años 60 y 70 para la explotación controlada de madera.
“La mal llamada reserva forestal, si bien tiene áreas boscosas, también tiene áreas que son ganaderas (pastizales). Hay como cuatro o cinco planos de la reserva que han sido utilizados en el saneamiento y en base a esos límites se han titulado o no se han titulado propiedades. Se ha hecho recortes de áreas productivas y casualmente antes del recorte ya hay gente metiéndose; (o al revés) la gente se mete a propiedades en producción porque supuestamente va a haber un recorte”, dice el presidente de Fegasacruz.
La más reciente incursión denunciada fue a la estancia Las Parabas, de Rudiger Trepp, en Ascención de Guarayos, sobre la carretera a Trinidad. El ganadero informó la agencia ANF que en diciembre cumplió con la resolución del INRA que desestimó la reversión de sus predios.
“El problema es ese, que son propiedades que cumplen con la función económica y social y que, a pesar de cumplir, porque es supuestamente una reserva, se titulan como pequeñas propiedades solamente. La pequeña propiedad es inembargable, inexpropiable. (No titular superficies más grandes) es una artimaña para quitarle a los productores legales áreas que después son avasalladas, vendidas, y hay un tráfico de tierras brutal”, dice Castedo.
Fegasacruz afilia a 39 asociaciones de ganaderos, con aproximadamente 33.000 ganaderos en el departamento. En la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), entidad que agrupa a Fegasacruz y Anapo, entre otras, explicaron que el hecho de que los predios ganaderos se hubieran convertido en el objetivo de los avasalladores “posiblemente esté relacionado con la mayor extensión de tierra, que hace (tener) un control con mayor dificultad”.
“En San José, (los avasallamientos) se dan en áreas en saneamiento en propiedades privadas, gran número de personas intransigentes, con uso de violencia, se van apropiando, como un cáncer, llaman a otras personas a integrarse… Están enfrascados en el robo de madera, pero no producción ni agrícola ni ganadera. En Pailón, ha habido reversiones grandes de propiedades y en el proceso de reversión se han asentado avasalladores que ellos mismos dicen que son de comunidades campesinas e interculturales”, comenta Castedo.
En la provincia Andrés Ibañez, donde están los predios ganaderos y del centro turístico de la familia Kim, existen intereses para convertir la tierra agrícola en urbana con fines de negocio inmobiliario.
“Nos preocupa que hay todavía muchas propiedades empresariales que no están siendo tituladas. Hay empresas agropecuarias que por resquicios legales pretenden recortarlas, y ahí los avasalladores van y quieren entorpecer la conclusión del saneamiento. Por ejemplo, hay propiedades grandes que han sido adquiridas de varios otros productores más pequeños, en el saneamiento eso no ha concluido con un título del gobierno actual”, dice Castedo.
Años de años
Los trámites de titulación de los predios se extienden sin límites en el tiempo, según los propietarios. La abogada Rosario Gutiérrez hace el seguimiento del caso Perseverancia y Los Tejones, en el municipio de San Javier, de propiedad de María Flores y sus hermanos. El litigio se remonta al año 2011, y actualmente dos de los invasores están a punto de hacerse con derechos sobre una parte de la tierra.
“Los avasalladores siguen ahí intimidándola, todo el tiempo andan con machetes, con armas. Todo a su alrededor de la familia lo han avasallado. (La tierra) ya está en proceso de saneamiento, pero increíblemente a ellos les están recortando a 50 hectáreas y ellos son propietarios de 996 hectáreas. Estamos más de 10 años, tenía un título antiguo, legalmente tenemos todas las instancias cumplidas, pero no hemos podido hacer que el INRA le dé su título que es para ratificar su derecho propietario”, señala Gutiérrez, quien a la vez lleva otros tres casos similares en San Ignacio de Velasco.
Flores explica que son dos o tres personas las que se encuentran en sus tierras, pero cuando la familia intenta acercarse a ellos “aparece la tropa” de otras personas que les acompañan.
Laguna Corazón es otra propiedad ganadera consolidada legalmente por el INRA en el año 2020, durante el breve gobierno de Jeanine Añez, resolución que fue anulada este año previa observación de irregularidades en el proceso desde el Viceministerio de Tierras. “Laguna Corazón tiene títulos antiguos, desde antes de la creación de la reserva forestal Guarayos. La compró mi padre de cinco propietarios, y nosotros desde entonces hemos ido en el proceso de saneamiento por todas las vías. Hemos llegado a la titulación. No nos quieren entregar ese título. Hace 15 días nos han avasallado, han entrado personas armadas con violencia, mi hijo tuvo que huir de la propiedad, le han dicho que, si vuelve, lo matan”, cuenta Yasminka Marinkovic, hermana del excívico Branko Marinkovic. Quienes se reclaman propietarios observan la inacción de las fuerzas policiales a pesar de sus denuncias y pedidos de auxilio. “Los últimos avasallamientos ya son con encapuchados, con armas de fuego y con extorsión”, advierte Castedo.
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En otro caso, Betty Balboa, abogada de Cynthia Foianini, relató que los predios de El Vallecito, en San Javier, están “nuevamente en conclusión del proceso de saneamiento” con pericias de campo que se realizaron hace seis meses, pero hace cinco con el ingreso de un hijo de su vecino que ha ocupado un área en la serranía de San Lorenzo cortando el agua para el municipio.
El pasado viernes, las organizaciones campesinas e indígenas del Bloque Oriente deslindaron responsabilidad de sus afilados sobre las tomas de tierras. Felipa Montenegro, de la Federación Bartolina Sisa de Santa Cruz, pidió “seguimiento para dar con los autores intelectuales de los avasallamientos” y que a la vez “sean investigados aquellos grandes empresarios, medianos y pequeños, que también están ocupando las tierras fiscales y usufructuando tierras fiscales”.
La CAO hace el seguimiento a 16 casos de avasallamiento
“Actualmente la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente) realiza el seguimiento y el apoyo en 16 casos de avasallamiento, de los cuales 8 corresponden a solicitudes de apoyo efectuadas en la gestión 2021, y 8 de la gestión 2022. Pero estos no son la totalidad de casos de avasallamiento, son sólo en los que los productores recurren a la institución”, informó esa entidad en respuesta a Página Siete.
Adrián Castedo, el presidente de Fegasacruz, explica que muchos avasallamientos no son denunciados por falta de confianza, pues “mucha gente trata de resolver estos problemas fuera de las autoridades jurisdiccionales”. El resultado es que no se resuelven.
La entidad de los ganaderos sabe de unos 30 casos de invasiones, en los últimos 18 meses, entre la Chiquitania, Andrés Ibañez y Guarayos, pero presumen que el total de sucesos, muchos que no se denuncian, llega al centenar. Castedo comenta que, en reuniones con el INRA, esta entidad les informó de 50 casos certificados de avasallamientos en los que intimaron al desalojo.
Los sucesos de la semana pasada en la propiedad de la familia Kim, que derivaron en acciones violentas incluso contra periodistas que hacían la cobertura del tema, obligaron a las autoridades del gobierno central a pronunciarse sobre el caso. El gobierno anunció, entre otras cosas, que revisará la ficha ambiental de la mencionada propiedad.
El gobierno de Luis Arce anunció la creación de un “gabinete de la tierra” para dar seguridad jurídica sobre la propiedad agropecuaria. Para la CAO, “el proceso de saneamiento es una problemática de años, pero no la causa o el motivo (de la toma de tierras)”.
“El avasallamiento, es un ilícito y debería ser tratado como tal, por las autoridades competentes. El tráfico de tierras es una problemática en creciente desarrollo en nuestro país por la falta de compromiso y acción oportuna de las autoridades. La falta de concreción del saneamiento está directamente relacionada con el INRA”, señaló la entidad empresarial en respuesta a un requerimiento de Página Siete.
Página Siete
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