Ahoradigital – El Gobierno entregó el reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos contra la Vida, con el objetivo de garantizar asistencia económica, atención integral y acompañamiento a menores que perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia feminicida.
El acto se realizó el domingo 11 de octubre en la Casa del Pueblo, con la participación de la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jessica Echeverría, además de representantes de instituciones y organizaciones que impulsaron la normativa.
La primera tarea será identificar y registrar a las niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad desde la promulgación de la Ley 348, para determinar quiénes necesitan acceder a los beneficios establecidos y activar los mecanismos de protección.
Bono mensual y apoyo alimentario
El reglamento establece un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente. Con el salario mínimo de Bs 3.300, el beneficio representa Bs 660 mensuales por beneficiario.
También contempla un paquete alimentario mensual para niñas y niños menores de cinco años, equivalente al 20% del subsidio de lactancia.
Entre las medidas previstas se encuentran:
- Atención gratuita en los servicios de salud.
- Acceso y permanencia en el sistema educativo.
- Inscripción inmediata y facilidades para el traslado escolar cuando exista un cambio de domicilio.
- Prioridad para acceder a becas en universidades e institutos privados.
- Acompañamiento psicológico y seguimiento de las condiciones de vida de los beneficiarios.
La normativa busca que la protección no se limite a una compensación económica, sino que incluya condiciones para el desarrollo y bienestar de quienes enfrentan las consecuencias de estos delitos.
Más de 500 huérfanos registrados desde 2020
De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, entre 2020 y julio de 2026 se contabilizaron 536 hijas e hijos huérfanos por feminicidio. Sin embargo, la cifra no representa necesariamente el total de afectados, debido a la falta de un registro nacional completo.
La implementación del registro permitirá identificar a los beneficiarios, conocer sus necesidades y establecer con mayor precisión los recursos necesarios para cumplir las medidas de asistencia.
El bono está dirigido a menores de 18 años y puede extenderse hasta los 25 años si continúan sus estudios. También se contempla a personas con discapacidad que estén impedidas de trabajar, conforme a las condiciones previstas en la normativa.
El desafío será garantizar el cumplimiento
La viceministra Jessica Echeverría destacó que el Estado tiene la obligación de proteger y restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de vulnerabilidad tras perder a sus madres.
Por su parte, el defensor del pueblo, Pedro Calisaya, señaló que el siguiente paso consiste en garantizar la aplicación efectiva de las medidas, identificar a todas las víctimas y asegurar los recursos necesarios.
La reglamentación abre una nueva etapa para la aplicación de la Ley 1680. El reto será que el registro, el bono y los servicios de apoyo lleguen efectivamente a las familias y a las personas que tienen bajo su cuidado a estos menores, evitando que los derechos reconocidos por la ley queden únicamente en el papel.
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