Se destapa un nuevo caso de consorcio de abogados, jueces, fiscales en el que tres denunciados dejaron sus cargos en el Tribunal Departamental de Cochabamba, donde en un solo juzgado se identificaron 52 irregularidades
Hace seis meses, la intervención de la Unidad de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura encontró en el Juzgado Público Civil y Comercial Nº 7 de Cochabamba, 52 casos observados por supuesta manipulación informática en el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) por denuncias ingresadas sin previo sorteo en Plataforma.
Según la denuncia, un juez con la complicidad de sus funcionarios judiciales, manipulaba procesos en asociación con abogados y fiscales; en algunos casos, demoraban juicios y en otros aceleraban, abreviaban trámites y otras irregularidades.
Entre las víctimas están Carmelo Abuawad Villagómez y Eduardo Abuawad Ampuero, que fueron demandados en julio de 2017 dentro de un proceso civil de resolución de contrato verbal seguido por Humberto Escobar Arispe; dentro del proceso, congelaron sus cuentas en el banco, por orden directa del entonces juez Iver Fernando Romero Fontana, quien dispuso la retención de sus cuentas.
Como ocurrió en los 52 procesos irregulares en este juzgado, esta demanda jamás ingresó por plataforma como establece la ley, sino por una cuenta personal de la secretaria de juzgado para favorecer al demandante.
Este caso y el de otras 52 víctimas de procesos irregulares en ese juzgado están en investigación; el juez, su secretaria y una auxiliar involucrados en estas irregularidades, renunciaron después de que se destapó el caso. Ahora enfrentan procesos penales.
El Consejo de la Magistratura, a denuncia, intervino en el caso y descubrió irregularidades que se constituyen en delitos, pero no impulsa el proceso penal.
Sidia Alba Lizarazu, abogada de las víctimas, denunció que el ex juez Iver Fernando Romero (exasesor en la anterior gestión del Consejo de la Magistratura), su secretaria Claudia Urresti Jacobs, su auxiliar Leyci Cindy Patiño Montaño y el demandante Humberto Escobar Arispe, fueron cautelados a denuncia de las ahora víctimas. El juez y su secretaria pisaron la cárcel, pero poco tiempo después salieron con medidas sustitutivas a la detención preventiva y están libres.
La abogada señaló que, según la documentación de informática del Consejo de la Magistratura, hay 52 procesos que ingresaron a ese juzgado de manera irregular, en los que se utiliza el mismo modus operandi: ingresaban procesos, falsificaban sellos de funcionarios y vulneraron el sistema SIREJ del Órgano Judicial. Muchas víctimas iniciaron procesos por separado.
La abogada denunció que los exfuncionarios siguen teniendo el favorecimiento de jueces en Cochabamba, que pretenden cerrar el proceso sin que se realice el peritaje de unos audios que contienen pruebas sobre cómo funcionaba el consorcio entre abogados, jueces y operadores judiciales.
Lizarazu destacó la actuación de los actuales fiscales asignados a este caso, que también lograron llevar a la cárcel al abogado extorsionador Jhasmany Torrico.
Además de los cuatro imputados, dos abogados vinculados con ellos, fueron beneficiados con una resolución de rechazo, pero la misma fue revocada por el Fiscal Departamental de Cochabamba que dispuso la continuación de la investigación.
Denunció que el juez Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Iver Fernando Gonzáles, pretende separar en dos el proceso de los funcionarios judiciales y de los abogados, conminando a los fiscales pronunciarse con una resolución conclusiva sobre los primeros cuatro.
Explicó que hay actuaciones procesales pendientes que interesa a sus defendidos porque en los audios hay mucha prueba de certificaciones de informática, resoluciones, declaraciones testificales de los funcionarios que falsificaron firmas. “Las pruebas claves están para el peritaje”, recalcó.
Otros casos de extorsión de consorcios
En Cochabamba se destaparon varios casos de víctimas de supuesta extorsión de consorcios, retardación de justicia, entre los que están el caso de Jhasmany Torrico que “torturaba” a los deudores de sus clientes y tenía influencia en los juzgados y fiscalías.
El caso de Belisario Vargas que, después de 10 años de juicios, logró que un juez y sus funcionarios sean condenados a prisión y pelea para que otros jueces que colaboraron con estos sean también sancionados.
La causa de Martha Canseco que perdió más de $us 100 mil por una estafa de sus propios familiares, lleva varios años en una demanda civil y penal para recuperar el dinero; un juez vinculado con Jhasmany Torrico le perjudicó en el proceso está en la cárcel.
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Otra víctima es Esteban Lozada, un exempleado de la empresa de Gas Cochabamba que después pasó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), peregrina en la justicia por recuperar su fuente laboral desde hace diez años, todos le dieron la espalda y nadie le tutela sus derechos, según denunció.
Correo del Sur
