El Ministerio Público de Santa Cruz pedirá una cooperación internacional, esta vez también a sus pares en España, para recolectar más información por el cargamento de 700 kilos de cocaína de alta pureza que salió desde Santa Cruz y tenía destino la ciudad de Barcelona. Con esta solicitud suma a dos países el pedido de colaboración investigativa ya que el primero en recibir la solicitud fueron las autoridades competentes de Chile.
Así lo confirmó este miércoles el fiscal de Sustancias Controladas, Julio César Porras, quien señaló que, gradualmente se están relevando datos de este bullado caso. En ese sentido, informó que se emitieron más de 40 requerimientos fiscales a fin de saber quién o quiénes eran las personas que recibirían el cargamento de droga.
“Son dos personas españolas los propietarios de la empresa. Sabemos que ambos salieron del país, uno en 2023 y otro en 2025. Es un caso complejo, no queremos entorpecer la investigación”, afirmó Porras.
El martes 13 de diciembre, EL DEBER publicó en su edición impresa que de acuerdo con el expediente al que tuvo acceso esta casa periodística, los dos accionistas de la empresa de nombre ExportMader Bolivia S.R.L. fueron identificados como Manuel P.A. y Eduardo J.M.
Porras afirmó que se ha realizado más de 10 allanamientos, tanto en ciudad y otros en dos municipios como La Guardia y San Ignacio de Velasco, en el que se han secuestrado al menos 6 inmuebles y un aserradero.
De acuerdo con informes de inteligencia de la Felcn, el cargamento salió de Bolivia el 25 de octubre, durante la gestión del expresidente Luis Arce, cuando la fuerza antidrogas estaba bajo el mando de otras autoridades policiales. Los reportes oficiales señalan que se trataba de un contenedor con 19,5 toneladas de madera, que fue incautado en Arica luego de que las autoridades chilenas confirmaran que la carga estaba impregnada con clorhidrato de cocaína.
El Deber
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