La Fiscalía Departamental de La Paz informó este lunes que solicitará la pena máxima, que corresponde a 10 años de prisión, para los exfiscales Susana Boyán y Edwin Blanco por el caso Alexander. Ambos son sindicados por montar el caso de la supuesta violación al bebé, contra el médico Jhiery Fernández, a quien pese a no tener pruebas inculparon y mantuvieron encarcelado por cuatro años, en el penal de San Pedro, de La Paz.
“El delito de resoluciones contrarias a la Constitución es de cinco a 10 años e incumplimiento de deberes es de uno a cuatro años. El Ministerio Público va a pedir la máxima pena, tomando en cuenta el daño que se ha generado”, indicó el coordinador Anticorrupción del Ministerio Público de La Paz, Eddy Flores.
La autoridad precisó que en el juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio, los investigadores defenderán la premisa de que ambos exfiscales omitieron un informe pericial que eximía de culpa al médico. El Ministerio Público solicitará resarcimiento de gastos en función a la clasificación del caso.
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“Ese documento (informe) habría sido omitido para poder emitir un requerimiento de acusación formal, ese informe eximía de responsabilidad al señor Jhery Fernández”, sostuvo Flores, en declaraciones recogidas por ANF.
Fernández fue acusado en 2014 de homicidio culposo y presunta violación de un bebé de ocho meses que estaba a cargo de la Gobernación paceña en el Hogar Virgen de Fátima (hoy Niño Jesús). En 2018 el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz dictó sentencia de 20 años de presidio contra el médico, sin embargo, la condena fue anulada dos años después debido a un audio de la presidenta de esa instancia Patricia Pacajes, que revelaba que se condenó a un inocente y que no había pruebas en su contra.
Tras siete años de proceso, en 2021, la Fiscalía General del Estado decidió retirar la acusación ante la inexistencia de “pruebas científicas” y ante la evidencia de una «mala labor» de los investigadores a cargo de la causa.
En el proceso contra los exfiscales, la Fiscalía tiene previsto citar a 10 personas, entre ellas la forense Ángela Terán, quien como funcionaria del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), en noviembre de 2014 informó a Boyán y Blanco que la necropsia realizada al cuerpo del bebé descartaba la supuesta violación del bebé.
Asimismo, se pidió que al juicio se presente el jefe de la División Homicidios, mayor René Tambo, quien fue amenazado por el entonces fiscal Boyán, por dar una versión contraria a la que ella y Blanco plantearon contra el médico Fernández.
Blanco es actualmente juez en el distrito de La Paz, por lo que corresponde que renuncie a su cargo para asumir su defensa en este caso, según indicó el fiscal departamental Williams Alave.
«Entiendo que Edwin Blanco es juez y a partir de esta acusación cesaría en sus funciones. Esto establece la ley y tendría que responder a toda la acusación planteada», dijo en entrevista con Red Uno.
Tomado de Página Siete
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