El anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes plantea la conformación de una “Comisión de la verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables, informó este domingo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
“Se está disponiendo la conformación de una ‘Comisión de la verdad’, una ‘Comisión de la verdad’ que no puede quedarse únicamente en temas investigativos”, señaló Prada en declaraciones a Bolivia Tv.
De acuerdo con la propuesta, al Comisión estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; del Fiscal General del Estado, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, además de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
Presidido por el Ministerio de la Presidencia, la Comisión contará con una secretaria técnica conformada por un equipo técnico, a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
Para su labor, recogerá la experiencia de la “Comisión de Revisión de Casos de Violación y Femicidio” que trabajó en 2022, con la presencia de 16 instancias del Estado, de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que logró la revisión de 327 casos, de los cuales se observó 141.
Ante estas irregularidades el 83% de los administradores de justicia fueron procesados por la vía penal o administrativa, se recapturó a 21 violadores y feminicidas y se destituyó a 10 jueces y ocho fiscales por sus acciones irregulares.
La Comisión, de acuerdo con Prada, será conformada una vez el anteproyecto de ley sea aprobado por el Legislativo para dar una respuesta inmediata de justicia y reparación a las víctimas de violación y abuso sexual que por distintas razones, de coerción y miedo, no presentaron la denuncia en su momento, pero que ahora sí tienen la oportunidad de hacerlo.
Precisamente el anteproyecto de ley que el Ejecutivo envió al Legislativo determina un conjunto de acciones de protección a las víctimas que serán aplicadas por todas las entidades del Estado.
La iniciativa señala, en su artículo tercero, que mínimamente se deberá proporcionar de “carácter gratuito: a) información y asesoramiento de acuerdo con el grado de madurez de la víctima; b) patrocinio legal; c) facilitación y acompañamiento; d) tratamiento sicológico y siquiátrica especializado con perspectiva de género y niñez y e) asistencia médica”.
Para garantizar que no prevalezca la impunidad, el anteproyecto de ley plantea la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales, tanto en la acción como en la pena, cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes.
El anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes fue elaborado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” y “no errores” – como dijo Prada – cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, que era administrado por la Compañía de Jesús.
El propio Pedrajas confesó en su diario las violaciones y abusos sexuales que cometió, encubierto por el silencio de sus superiores de la Compañía de Jesús, según reveló un reportaje publicado por el periódico español El País el pasado 30 de abril.
De acuerdo con un nuevo reporte publicado este domingo por el medio español, Pedrajas, apodado ‘Pica’, no habría sido el único sacerdote que abuso de los estudiantes del Colegio Juan XIII.
Basado en testimonio de una víctima, El País reveló que el sacerdote jesuita Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, que antes de llegar al colegio Juan XXIII de Cochabamba, había sido docente en el colegio de los jesuitas de Caspe-Sagrado Corazón de Jesús, en Barcelona, abusaba de las estudiantes, metiéndose en la cama por las noches, como también lo hacía ‘Pica’.
Hasta la pasada semana, el Ministerio Público recibió ocho denuncias de pederastia contra religiosos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
Mientras que el procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, informó que ya se “habrían sumado 200 víctimas, cuando menos, en diferentes casos denunciados” por pederastia.
Prada reprochó que estos hechos fueran socapados en la iglesia católica con el argumento de “proteger la institucionalidad religiosa”.
De hecho solo después de que El País reveló los abusos de Pedrajas, la Compañía de Jesús, que “conocía el asunto” desde hace años, presentó una denuncia en la Policía.
ABI
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