El domingo 12 de abril, una familia pasó los controles respectivos del penal de Palmasola, en Santa Cruz, para visitar a un recluso, pero terminó enterándose dentro del propio recinto que había muerto semanas antes sin que nadie les avisara.
Raúl Chávez, de 39 años, estaba en Palmasola desde 2013, cumpliendo una sentencia de 20 años. Había pasado más de la mitad de su condena. Su familia sostiene que no tenía enfermedades y que, hasta su última comunicación, no había señales de complicaciones de salud, por lo que se espera un informe de las autoridades penitenciarias.
Según denuncian, el cuerpo fue llevado a la morgue a fines de marzo y, días después, enterrado en una fosa común, sin que hasta ahora tengan claridad sobre lo ocurrido. Fue recién que al preguntar por él que otros internos les dieron la noticia.
La última vez que hablaron con él, recuerda la hermana del fallecido, pidió dinero para salir del ‘bote’, un espacio de castigo dentro de la cárcel. Desde entonces, no volvieron a tener contacto.
“Ya cuando llegué al PC-4, sus compañeros me dijeron que mi hermano falleció. No sabemos nada, porque lo castigaron y allá, dicen, que falleció. Según dicen que lo han matado, al final no se sabe nada”, relató la mujer al hacer la denuncia.
Con la información incompleta, buscaron explicaciones dentro del penal. Se dirigieron a la secretaría, donde esperaban algún registro o informe. La respuesta fue negativa: no recibieron detalles ni documentación sobre el fallecimiento.
“No avisaron nada. Yo fui a pedir un informe para saber por qué ha fallecido y me dijeron que ellos no informan. O sea, aquí se mueren y nadie avisa”, relató la mujer, quien insiste en que la familia quedó al margen de todo el proceso.
Sin datos concretos, salieron del penal en busca de respuestas. La ruta los llevó hasta la morgue de La Pampa de la Isla. Allí revisaron registros y encontraron una coincidencia: el nombre de su familiar figuraba como ingresado el 24 de marzo; sin embargo, no se recibió ningún informe forense acerca del fallecimiento.
El siguiente dato fue aún más difícil de asimilar: cuatro días después del ingreso a la morgue, el cuerpo fue sepultado en una fosa común junto a otras personas. La familia no participó del proceso ni fue informada de esa decisión.
Según les informaron, la exhumación y los servicios funerarios pueden superar los Bs 6.000 y aún se esperan respuestas por parte de las autoridades penitenciarias que permitan conocer los pormenores de esta situación.
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