La sociedad boliviana identifica el narcotráfico como uno de sus grandes problemas. Tal es la preocupación por estos días que la gente muestra una amplia aceptación de la narrativa de “narcoestado”. Una encuesta realizada meses después de las elecciones del año pasado, a cargo de la empresa Integrated Communications and Research a pedido del Instituto Interamericano para la Democracia, muestra que más de tres cuartas partes de la población creen vigente esta percepción, aunque la valoración de la democracia experimenta una recuperación relativa. Asimismo, el respaldo mayoritario a la cooperación internacional, junto con las brechas marcadas por edad, sexo y región, evidencia la necesidad de políticas adaptadas para enfrentar la situación.
El estudio muestra que la percepción social sobre el narcotráfico alcanza niveles de consenso inusuales: el 89,4% de la población lo considera un problema grave, mientras que el 75,2% comparte la idea de que el país es o puede convertirse en un narcoestado. En paralelo, el 78,3% apoya la cooperación internacional, incluida la intervención de la DEA. Las diferencias por región, edad y sexo ofrecen matices relevantes dentro de estos consensos.
De esta manera, casi la totalidad de los encuestados ve el narcotráfico como la principal amenaza nacional. El 89,4% lo considera grave o muy grave, un diagnóstico sostenido tanto por hombres como por mujeres y en todas las zonas del país. Incluso entre los jóvenes de 18 a 33 años, la alarma alcanza al 87,5%, lo que confirma que el consenso atraviesa a toda la sociedad.
La narrativa del narcoestado mantiene una presencia fuerte en la opinión pública. El 75,2% de las personas consultadas cree que Bolivia es o podría ser un narcoestado actualmente o en el pasado reciente. Los hombres muestran mayor inclinación a sostener esta percepción, superando a las mujeres por 13,4 puntos porcentuales.
Este imaginario no ha cambiado de forma significativa desde 2016, lo que sugiere una estabilidad en la preocupación social sobre el tema. Entre los jóvenes, la disposición a reconocer el problema y a aceptar la cooperación internacional es más elevada.
El 55,5% de los bolivianos identifica el presente como democrático, una cifra que representa una mejora de 13 puntos respecto a hace diez años. Sin embargo, existen diferencias notorias entre regiones. En el Oriente del país, el 64% asocia el momento político con la democracia. En Occidente, solo el 45,3% comparte esa visión, mientras que el 50,6% califica el escenario actual como “dictadura”. Esta polarización territorial influye en la agenda política y en las estrategias de comunicación institucional.
El respaldo a la cooperación internacional, incluyendo la labor de la DEA, llega al 78,3%, predominando un enfoque pragmático frente al problema. La mayoría valora la eficacia en la lucha antidrogas por encima de posturas ideológicas o de soberanía nacional.
Solo el 17,3% rechaza categóricamente la presencia de la DEA, porcentaje que aumenta en adultos mayores y mujeres, sectores donde la indecisión y la falta de familiaridad con los términos empleados resulta más frecuente. El respaldo a actores internacionales señala que la sociedad está abierta a soluciones externas que prometan resultados concretos.
Las diferencias según edad, género y región perfilan matices significativos en la interpretación del fenómeno. Los jóvenes perciben con mayor intensidad el riesgo de narcoestado, con 19,5 puntos porcentuales más que los adultos mayores. Además, apoyan la cooperación internacional 23,7 puntos por encima de quienes tienen más de 57 años.
En términos de sexo, los hombres aceptan con mayor frecuencia la etiqueta de narcoestado, mientras que las mujeres presentan mayor nivel de indecisión o desconocimiento sobre conceptos como DEA. A nivel territorial, el Oriente muestra mayor optimismo democrático y receptividad hacia la DEA; en Occidente predomina el escepticismo y una lectura más crítica del contexto político.
Bolivia se enfrenta al desafío de responder a la gravedad del narcotráfico y a la tensión entre legitimidad democrática y soberanía, en medio de consensos amplios y diferencias bien marcadas. La eficacia estatal dependerá de su capacidad para transformar este diagnóstico plural en políticas públicas y estrategias que se adapten a los distintos segmentos sociales.
La DEA regresa a Bolivia tras 18 años
El Gobierno de Bolivia anunció el regreso de la DEA a Bolivia tras 18 años de ausencia con la apertura de oficinas en La Paz, como parte de una nueva estrategia para fortalecer la lucha antidrogas e impulsar la cooperación internacional frente al narcotráfico.
Bolivia permitirá que la agencia antidrogas estadounidense instale oficinas en la capital para potenciar las operaciones de inteligencia y el intercambio de datos con organismos internacionales. Estas oficinas servirán de enlace, pero no implican la realización de operativos conjuntos ni la presencia de agentes estadounidenses en regiones críticas del país.
La decisión de reabrir oficinas de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) en La Paz fue confirmada por las autoridades tras una reunión en Washington entre el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, el director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), coronel William Cabrera, y representantes estadounidenses. Según precisó el viceministro, el acuerdo se centrará en “inteligencia, intercambio de información y fortalecimiento institucional”.
El antecedente relevante es la expulsión de la DEA y del entonces embajador estadounidense Philip Goldberg en 2008 por orden del expresidente Evo Morales, en medio de acusaciones de conspiración. Desde entonces, las relaciones diplomáticas en materia antidrogas quedaron suspendidas casi dos décadas.
Actualmente, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, región central donde mantiene el apoyo de sus bases sindicales, mientras enfrenta un proceso penal. El exmandatario denunció públicamente la existencia de un supuesto plan coordinado entre la DEA y el Ejército boliviano para detenerlo. Esas acusaciones coinciden con señalamientos del Ejecutivo, que lo vincula con la financiación de protestas a través de fondos procedentes del narcotráfico.
El restablecimiento de la cooperación con la DEA ocurre en medio de una reorganización en la política antidrogas y tras recientes acciones relevantes. Destaca el arresto del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra el 13 de marzo, quien fue entregado después a las autoridades estadounidenses y enfrenta cargos por lavado de dinero y otros delitos.
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Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo allanamientos para desmantelar la red de Marset en el país. Según el ministro de Gobierno, al menos 20 personas relacionadas con esa organización fueron detenidas en las últimas semanas.
Fuente: Infobae
