El Gobierno destinó para este año un monto equivalente a $us 40 millones para sustentar la lucha contra el narcotráfico. Son recursos para mantener aeronaves y vehículos, así como equipos de seguridad. La partida también debe cubrir las tareas de erradicación de coca ilegal y la prevención.
Una buena parte de ese dinero, Bs 280 millones que están inscritos en el Tesoro General (TGN), provienen del programa de cooperación que asignó la Unión Europea (UE). A finales de 2021, la entidad internacional autorizó el desembolso de $us 101 millones hasta 2024. De ese monto, $us 60 millones son para enfrentar el tráfico de estupefacientes.
Estos fondos se canalizan como contraparte de la “responsabilidad compartida” entre consumidores y productores, el principio internacional establecido para neutralizar al narcotráfico, así como los delitos conexos.
Este modelo de gestión, según explicó Hugo Siles, quien fue ministro de Estado durante la administración de Evo Morales, responde al modelo de “nacionalización de la lucha contra las drogas” que se ejecuta, remarcó, sobre la base de las prioridades soberanas del país y no de las organizaciones internacionales.
Siles también fue delegado para Santa Cruz de la secretaría de coordinación del Consejo Nacional de Lucha contra el Uso Indebido de (Conaltid), una entidad que fue eliminada cuando el presidente Luis Arce asumió el poder. La idea de esa decisión estuvo vinculada con la reducción de gastos burocráticos y derivó en la creación de Dirección de Apoyo a la Prevención del Consumo de Drogas, Control del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Coca Excedentaria (Diprevcon), una entidad que asimiló a la Unidad Ejecutora de Lucha Contra el Narcotráfico (Uelinc) que tenía a su cargo el pago del mantenimiento de las naves antidroga, entre ellas seis helicópteros SuperPuma.
Siles explicó que la institución preservó la política de prevención del consumo de drogas, pero que “se fortaleció” con otras responsabilidades que se reflejan en el presupuesto que hoy maneja. Eso sí, esta entidad recibe mucho menos que la Policía, la entidad se consume casi el 87% —unos $us 500 millones— del presupuesto del Ministerio de Gobierno que para este año fue de Bs 4.117 millones. Este monto debería cubrir, además, la carga administrativa.
“En el pasado, estos fondos eran manejados directamente por agencias de cooperación e inteligencia de Estados Unidos, lo que ya no sucede hoy”, remarcó la exautoridad. “Esa política pública ahora es determinada por el Estado, sin interferencia”, apuntó.
“Diprevcom, en el esquema de la nacionalización de la lucha contra las drogas, es la que administra y da todo el soporte logístico y financiero. Las unidades de tarea conjunta que incluye a la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada dependen de esos recursos. Ahora bien, esta centralización requiere una mayor fiscalización para precautelar que no se corten los suministros en favor de todos los componentes que apoyan en la lucha contra las drogas”, afirmó el diputado Saúl Lara, exministro de Gobierno y diputado de Comunidad Ciudadana (CC).
El legislador, quien es parte la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, anunció que pedirá un informe escrito para conocer los resultados de la lucha contra antidroga, en el contexto de las críticas de la comunidad internacional y las denuncias de “protección al narcotráfico que se dieron, especialmente, este año.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ratificó a Bolivia en la lista de países que no combate el tráfico de drogas. El comunicado emitido el viernes desde la Casa Blanca indicó que la presencia de un Estado en la lista es muestra que no hay esfuerzos en la lucha antidroga ni en la cooperación.
“Es un informe unilateral y sesgado, porque no refleja el esfuerzo que se está realizando en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el control de la expansión de cultivos de coca, después de la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico”, cuestionó, al respecto, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani.
El Deber
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