La Fiscalía solicitará la detención preventiva del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, tras su aprehensión en La Paz, en el marco del proceso que enfrenta por los delitos de uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito.
El fiscal anticorrupción Aldo Meza explicó que el caso se inició el 17 de octubre y que la decisión de emitir el mandamiento de aprehensión se sustentó en la existencia de elementos de convicción, además de riesgos procesales.
“Existen los suficientes elementos sobre la autoría de estos delitos denunciados, así como peligros de fuga y obstrucción. Por ello se ejecutó la aprehensión de Huarachi (…) La imputación va a estar debidamente fundamentada y respaldada, evidentemente en base a los principios de necesidad y de proporcionalidad se va a determinar el plazo que va a solicitar la detención preventiva”, afirmó el fiscal.
Meza reveló que, dentro de las pesquisas, hay un indicio que vincula al exministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos Cruz, actualmente investigado en otro proceso, quien presuntamente entregó Bs 40.000 a Huarachi.
Según el fiscal, esta información proviene de una testigo convocada en un caso anterior, que también mencionó a otras autoridades. Ahora se indaga si estos presuntos pagos no solo provinieron de ese ministerio, sino también de otras instituciones públicas.
“Hay testigos que están siendo citados porque aparentemente (Huarachi) no solo habría recibido dinero de ese ministerio, sino también de otras instituciones, como la Caja Nacional de Salud (CNS). Estas personas están siendo convocadas para tomar su declaración”, explicó en conferencia de prensa.
Precisó que, por el momento, el único investigado formalmente en este proceso es Huarachi, aunque no descartó ampliarlo contra otras personas dependiendo de los resultados de los requerimientos enviados a distintas instituciones.
“El Ministerio Público evalúa todos los elementos recolectados”, señaló.
El fiscal recordó que la institución tiene 24 horas para presentar la imputación formal, tras lo cual un juez cautelar definirá la situación jurídica del exdirigente.
El plazo de la solicitud de detención preventiva será determinada una vez concluida la revisión de los documentos presentados por la defensa.
Según la denuncia, el exejecutivo de la COB habría influido de manera “dolosa” en la concesión de contratos en distintas instituciones, favoreciendo a particulares y empresas, hechos que aún se encuentran bajo análisis del Ministerio Público.
ABI
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