Ahoradigital.- El exministro de Defensa Reymi Ferreira afirmó que el presunto sabotaje al sistema de radares de Bolivia respondería a intereses vinculados al narcotráfico, con el objetivo de mantener al país como una ruta para el traslado de drogas hacia otras naciones de la región.
Las declaraciones surgen después de que el Gobierno presentara una denuncia penal contra cuatro exministros de Defensa y otras personas por presuntas irregularidades en la adquisición e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
Ferreira, quien ejerció el cargo durante el gobierno de Evo Morales, sostuvo que el supuesto sabotaje no provendría de las máximas autoridades del Ejecutivo, sino de sectores intermedios que tendrían interés en impedir el control efectivo del espacio aéreo boliviano.
Según el exministro, Bolivia constituye una ruta utilizada para transportar droga desde Perú y Colombia hacia Brasil, Argentina y Paraguay, una actividad que, afirmó, genera millones de dólares.
Ferreira cuestiona las dificultades que enfrentó el proyecto
En declaraciones difundidas por ERBOL, la exautoridad señaló que durante la etapa inicial del proyecto, entre 2015 y 2016, la administración aeroportuaria habría puesto obstáculos al trabajo en sus instalaciones. También mencionó desacuerdos dentro de algunos ministerios sobre la necesidad de implementar los radares.
Las afirmaciones de Ferreira se producen en medio de las investigaciones sobre el funcionamiento del sistema, contratado en 2016 con la empresa francesa Thales por más de 191 millones de euros.
El proyecto contemplaba la instalación de 13 radares, destinados tanto al control del tráfico aéreo civil como a la vigilancia militar y la lucha contra actividades ilícitas.
El Gobierno investiga presuntas irregularidades
La denuncia presentada por el Ministerio de Defensa alcanza a los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de otros involucrados en el proceso de contratación y ejecución del proyecto.
Según información difundida por las autoridades, una auditoría identificó deficiencias en el funcionamiento de varios equipos y un posible daño económico superior a los Bs 1.478 millones.
Mientras el Gobierno busca establecer responsabilidades por las presuntas irregularidades, Ferreira sostiene que detrás de los problemas del sistema podrían existir intereses que buscan evitar el control del espacio aéreo.
Hasta el momento, sus declaraciones sobre un supuesto sabotaje vinculado al narcotráfico constituyen una denuncia de la exautoridad y no un hecho demostrado judicialmente.
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