Los cuatro concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) que permanecen retenidos por segundo día en la Alcaldía de Vinto denunciaron ayer que existen otros intereses detrás de la movilización que exige que cumplan con la alternancia política.
Los comunarios de la Central Regional de Llave Grande y los pobladores asentados en la serranía de Cota piden que los concejales Hugo Cáceres, Elizabeth Ancalle, Martha Choque y Joaquín Vegamonte cedan sus cargos a sus suplentes.
“No les gusta lo que fiscalizamos (…) Hay direccionamiento en las adjudicaciones”, señaló la concejal Choque, para denunciar el trasfondo de la movilización.
Explicó que en una ocasión llegó una carpeta con irregularidades para la compra de medicamentos. “Eran todas de procedencia china, eso observamos porque vimos que había una mano negra detrás”, relató.
El concejal Hugo Cáceres manifestó que en abril de 2018 fueron agredidos físicamente por varias personas y que iniciaron un proceso penal contra 18 personas. Ésa sería otra causa para la protesta, puesto que los dirigentes de la seccional del MAS de Vinto en sus intervenciones piden que las autoridades dejen sin efecto estas acciones.
“En Combuyo hay gente que se está entrando a tierras fiscales, eso es de propiedad del INRA. La institución pasó una determinación a la Alcaldía para que demuela las construcciones que existen en la zona. Ésa es la gente que está pidiendo nuestra renuncia”, dijo. Las tierras se encuentran sobre la cota 2.750.
Vegamonte sostuvo que en noviembre del año pasado firmó con presión la alternancia a su suplente Julieta Alcocer.
En la oportunidad, anunció que asumirá una querella contra la alcaldesa Patricia Arce por acoso político porque ésta estaría detrás. “Para reincorporarme después de seis meses me han hecho pagar mil dólares. Hay muchas irregularidades”, expresó.
Los concejales se encuentran desde el martes en instalaciones del edificio edil sin probar alimento. Consumen agua y coca.
Ratificaron que no renunciarán porque no cometieron ningún delito y lograron acuerdos con sus suplentes. Temen por su integridad pese a que una gran cantidad de policías reguarda las dos puertas de ingreso.
Los manifestantes también sienten el desgaste. Gran parte son mujeres con niños, quienes están en alerta ante cualquier llamado de la policía sindical.
Carmen Vegamonte, representante de la seccional del partido en ese municipio, pidió garantías porque teme que tras la protesta sea procesada al igual que sus pares por retener a los concejales.
CRITICAN CONVENIO
Los concejales afirmaron que observaron el convenio de trasferencia del hospital Esperanza de Anocareire, que firmó la alcaldesa Arce con el Ministerio de Gobierno, a la Policía debido a que en ese municipio no existe una infraestructura de segundo nivel para atender a la población. El convenio se realizó en septiembre de 2018.
Fuente: lostiempos.com
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