La Defensoría del Pueblo de Bolivia alertó este lunes sobre la respuesta “insuficiente” desde el Estado ante la pornografía infantil, tras remarcar que en lo que va de julio la Policía desarticuló en el país dos redes criminales dedicadas a este delito y confiscó más de 11.000 archivos “de alto contenido violento y sexual”.
La entidad defensorial emitió un pronunciamiento para expresar “su más enérgico repudio ante toda forma de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes”, sobre todo la perpetrada a través de medios digitales, “como la pornografía infantil”.
La defensoría mencionó que los operativos efectuados por la Policía de Bolivia en julio “desarticularon dos redes criminales y confiscaron más de 11.000 archivos de alto contenido violento y sexual”, lo que evidencia “la alarmante vulneración de derechos en entornos digitales”.
“Según el Ministerio Público, hasta junio se registraron 136 casos, cifra que subestima la magnitud real de este delito, considerado una de las formas más extremas de explotación y violencia sexual”, indicó.
La institución indicó que, si bien la ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas que rige desde 2012 en el país tipifica la pornografía infantil como delito, “la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a su expansión digital, caracterizada por el anonimato, la transnacionalidad y la rápida circulación de contenidos”.
Por esto, la defensoría remarcó la necesidad de dar una respuesta “integral, articulada y sostenida, con participación activa de Estado y sociedad” a esta problemática.
Además, recordó que el Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia recomendó al Estado que se adhiera a tratados internacionales sobre protección frente a “la cibercriminalidad y el abuso sexual infantil”, dentro del Examen Periódico Universal (EPU) 2025.
El ente instó al Estado boliviano a adherirse al Convenio sobre Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, o Convenio de Budapest, como una medida “urgente para enfrentar de manera más eficaz los delitos sexuales digitales y facilitar la cooperación internacional” para investigar y sancionar estos crímenes.
También le exhortó a “asumir con mayor determinación su deber de garantizar los derechos” de los menores de edad, a que fortalezca los marcos normativos y asigne recursos suficientes, mediante una política de “tolerancia cero” frente a toda forma de violencia sexual digital.
Por último, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado sobre todo a padres y madres, cuidadores, educadores y medios de comunicación para que ejerzan un “rol corresponsable mediante el acompañamiento, la vigilancia informada y la creación de entornos digitales seguros”.
Fuente: Unitel
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