Ahoradigital.- Ante la escalada de hechos violentos y la preocupación por el avance del crimen organizado, Santa Cruz reclama al Gobierno nacional al menos 5.000 policías adicionales y plantea devolver al gobernador la capacidad de mando y coordinación operativa sobre las fuerzas del orden en el departamento.
El pedido fue formulado por la gobernadora en suplencia, Paola Aguirre, durante el acto del plan “Frontera Segura 2.0”, donde advirtió sobre la insuficiente cantidad de efectivos policiales y la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a los asesinatos, el sicariato y las redes criminales.
Según Aguirre, Santa Cruz cuenta con poco más de 5.000 policías para una población cercana a los cuatro millones de habitantes. La autoridad comparó esa proporción con la de La Paz y sostuvo que el departamento cruceño necesita, como mínimo, otros 5.000 efectivos para mejorar la cobertura de seguridad.
Piden devolver atribuciones al gobernador
Uno de los principales planteamientos es que el gobernador elegido por voto popular recupere atribuciones para coordinar patrullajes, controles y operativos policiales en el territorio departamental.
Aguirre aclaró que la propuesta no busca dividir a la Policía Boliviana ni quitar al Ministerio de Gobierno la conducción nacional de la seguridad, sino establecer una coordinación territorial con mayor capacidad de respuesta ante las emergencias.
La autoridad también pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, impulsar una redistribución progresiva de efectivos, acompañada de vehículos, equipamiento e infraestructura para mejorar las condiciones operativas.
Alerta por el avance del crimen organizado
Durante su intervención, Aguirre expresó preocupación por los recientes hechos de violencia y advirtió sobre la presunta penetración de organizaciones criminales en instituciones estatales.
También mencionó el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y las investigaciones relacionadas con posibles redes de protección institucional. Estas referencias forman parte de los cuestionamientos planteados por la autoridad y deben distinguirse de las responsabilidades que determinen las investigaciones judiciales.
La gobernadora en suplencia sostuvo que combatir la inseguridad requiere actuar tanto contra quienes ejecutan los delitos como contra los posibles funcionarios que faciliten su operación.
Más policías y capacidad operativa
El reclamo de la Gobernación se suma a otras propuestas impulsadas desde la Asamblea Legislativa Departamental para reforzar la seguridad, mejorar el equipamiento policial y fortalecer las labores de inteligencia criminal.
El desafío no se limita a incrementar el número de uniformados. Las autoridades también plantean garantizar combustible, vehículos y recursos logísticos para que los efectivos puedan patrullar tanto en la capital como en las provincias y zonas fronterizas.
Por ahora, el pedido de nuevos efectivos y la propuesta de recuperar atribuciones de mando requieren respuestas del Gobierno nacional y una evaluación de los cambios institucionales y legales necesarios para su implementación.
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