Ahoradigital – El nuevo fiscal departamental de Tarija, Aníbal Giovani Cabezas Flores, anunció medidas para enfrentar la corrupción y corregir deficiencias administrativas en el Ministerio Público, tras identificar problemas relacionados con la carga procesal, la falta de personal y las causas paralizadas.
La autoridad informó que el área de litigación penal registra más de 3.080 causas activas con personas declaradas rebeldes, situación que será revisada para establecer qué actuaciones se realizaron y por qué no se concretaron las aprehensiones correspondientes.
Cabezas señaló que su gestión buscará mejorar el acceso a la justicia y garantizar un servicio más eficiente para la población.
Fiscales con más de 250 causas
Entre las principales dificultades identificadas, el fiscal departamental mencionó la sobrecarga laboral de algunos fiscales, quienes tienen bajo su responsabilidad más de 250 procesos.
También observó que asistentes y auxiliares deben cubrir varios despachos en suplencia, mientras reciben diariamente memoriales que requieren respuestas dentro de plazos establecidos, incluso de 24 horas.
A criterio de Cabezas, estas condiciones afectan el funcionamiento de la institución y dificultan que los fiscales desarrollen su trabajo en condiciones adecuadas.
La autoridad sostuvo que será necesario revisar la distribución de las causas, cubrir las acefalías y garantizar que cada funcionario tenga responsabilidades claramente establecidas.
Anuncia acciones contra la corrupción
Cabezas afirmó que asumió el compromiso de impulsar una lucha frontal contra los hechos de corrupción dentro del Ministerio Público, en coordinación con el fiscal general del Estado interino, José Armando Urioste Viera.
En ese marco, explicó que solicitó informes para conocer el estado de la Fiscalía Departamental y detectar las dificultades que afectan tanto al personal como a la atención de los ciudadanos.
El fiscal aclaró que, en el ámbito administrativo, identificó deficiencias que deben ser examinadas, aunque evitó calificarlas directamente como irregularidades mientras se revisa la situación.
Asimismo, cuestionó los constantes movimientos de funcionarios entre Tarija, Bermejo, Villamontes y otras jurisdicciones, al advertir posibles problemas en la entrega formal de despachos y la asignación de responsabilidades.
Una gestión bajo presión
La nueva administración fiscal enfrenta el desafío de mejorar la eficiencia institucional, reducir las demoras y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.
La revisión de las causas pendientes, la cobertura de los puestos vacantes y el control de los procedimientos administrativos serán aspectos centrales para determinar si los anuncios se traducen en cambios concretos.
Por ahora, las deficiencias señaladas corresponden a una evaluación inicial de la nueva autoridad. La identificación de responsabilidades individuales o de posibles hechos de corrupción requerirá las verificaciones correspondientes.
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