Ahoradigital – El Gobierno nacional advirtió sobre la operación de redes ilegales que estarían desviando garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) hacia circuitos de comercialización irregular, en medio de las dificultades que enfrentan algunas familias bolivianas para conseguir el producto.
El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, y el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, atribuyeron estos desvíos a la diferencia de precios entre Bolivia y Perú. Según las autoridades, una garrafa que en el mercado boliviano cuesta Bs 22,50 puede comercializarse por más de Bs 100 en el país vecino.
Blanco denunció que existiría complicidad de personas vinculadas al transporte y la distribución, incluidos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Como parte de las medidas adoptadas, informó que se retiró a personal del ente regulador tras detectar presuntas irregularidades en Sucre.
Decomisan 659 garrafas
De acuerdo con el balance oficial presentado por las autoridades, los operativos realizados en distintos puntos del país permitieron decomisar 659 garrafas de GLP, de las cuales 223 fueron incautadas en la Terminal Interdepartamental de El Alto.
El Gobierno señaló que los controles buscan impedir que el producto, destinado al consumo interno, termine en manos de redes que presuntamente lo comercializan de manera irregular.
Las autoridades también reconocieron que la distribución registró dificultades durante la semana anterior, aunque aseguraron que el suministro volvió a la normalidad.
También investigan desvíos de gasolina
La intervención de la ANH incluye controles sobre otros combustibles. Hasta el 18 de octubre, la comisión interventora reportó el bloqueo de 10.781 placas de vehículos por registros de abastecimiento reiterado o anormal.
Además, informó sobre el decomiso de 14.097 litros de gasolina, incluido un cargamento de aproximadamente 13.000 litros hallado en Sucre, según los datos oficiales.
El Gobierno anunció que continuará con los operativos y que las estaciones de servicio u operadores involucrados en hechos irregulares podrían enfrentar sanciones administrativas, incluida la suspensión o pérdida de sus licencias, según corresponda.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de fiscalización del Estado sobre la cadena de distribución de combustibles y la necesidad de garantizar que los productos subvencionados lleguen a los consumidores bolivianos.
Ahoradigital con información de El Deber.
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