Ahoradigital – Estados Unidos afirmó que las restricciones de visas impuestas a ciudadanos bolivianos buscan respaldar los esfuerzos contra la corrupción y el narcotráfico, además de frenar la influencia ilícita en instituciones clave del Estado, como los tribunales, la Policía y el Órgano Legislativo.
El pronunciamiento fue realizado por Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien sostuvo que la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción es necesaria para proteger la estabilidad regional.
“Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos”, señaló el funcionario en una publicación en la red social X.
Washington afirma que las medidas alcanzan a 40 bolivianos
De acuerdo con el Departamento de Estado, las restricciones migratorias alcanzan a 40 ciudadanos bolivianos y forman parte de una política anunciada el 28 de septiembre, dirigida contra extranjeros señalados por actividades de corrupción o narcotráfico que, según Washington, debilitan a gobiernos elegidos democráticamente.
La nueva lista difundida el jueves 22 de octubre incluye a dos diputados nacionales, el exfiscal general Juan Lanchipa, fiscales, jueces, exautoridades policiales y funcionarios vinculados a instituciones como Migración, la Aduana y la Unidad de Investigaciones Financieras.
Entre los nombres figura Freddy Bismarck Pereira Molina, quien fue comandante departamental de la Policía en Tarija y director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN).
Las medidas también alcanzan a familiares de las personas identificadas, según la información difundida sobre la decisión estadounidense.
La presión sobre las instituciones bolivianas
El pronunciamiento de Washington coloca nuevamente bajo atención internacional la capacidad de las instituciones bolivianas para combatir el narcotráfico y la corrupción, especialmente cuando los señalamientos involucran a personas que ejercieron funciones en organismos responsables de investigar delitos, administrar justicia y garantizar la seguridad.
Estados Unidos aseguró que su política se aplica independientemente de la afiliación política de los implicados y que busca contribuir al fortalecimiento institucional y a la estabilidad regional.
Sin embargo, las restricciones de visas son medidas migratorias adoptadas por Washington y no equivalen, por sí mismas, a una condena penal en Bolivia. Los posibles hechos delictivos deben ser establecidos mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes.
El desafío para las autoridades bolivianas será determinar si existen elementos que justifiquen investigaciones o acciones legales contra las personas mencionadas, con respeto al debido proceso y a la independencia de la justicia.
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