Alrededor de 30 niños con cáncer sufren agresiones en los puntos de bloqueo en Santa Cruz cuando intentar llegar al Hospital Oncológico, denunció este jueves la vicepresidenta de la Asociación de padres de niños con cáncer, Ana Machado.
“Nos impiden el traslado de los pacientes, ni con autorización, ni con credencial nos están dejando pasar”, dijo Machado a los medios de comunicación.
La madre expresó su pesar porque en el afán de llevar a sus hijos al tratamiento médico viven situaciones muy duras.
“Que si el niño no tiene cabello o le falta alguna parte de su órgano visible dicen que no es del oncológico”.
Los padres de niños con cáncer piden a los bloqueadores tener empatía y “corazón” para permitirles el paso.
“Al día se transportan mínimo 30 niños, no nos dejan explicar, lo que hacen es ponchar las llantas, gritarnos. Sinceramente, no tienen nada de amabilidad para dejarnos pasar”, lamentó.
Situaciones similares viven los pacientes adultos quienes también deben trasladarse con frecuencia para recibir su tratamiento.
Cada día, personal del sector de salud, que debe llegar a los centros, hospitales, laboratorios y farmacias, además, de ambulancias y pacientes que necesitan atención médica y otros de emergencia, son obstaculizados en su circulación en diferentes puntos por la intransigencia de los bloqueadores.
El departamento de Santa Cruz cumple 34 días de paro con bloqueos convocado por gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, que genera pérdidas económicas de más de $us 1.000 millones y vulnera el derecho a la educación y salud.
“El paro en Santa Cruz afecta a personas enfermas y sanas que requieren de atención urgente”, señaló el director Nacional de Epidemiología, Freddy Armijo.
El sistema de salud actualmente enfrenta el rebrote de coqueluche, particularmente Santa Cruz donde existen 30 casos positivos de los 32 que se registran a nivel nacional.
Armijo explicó que el paro cívico que se caracteriza por los bloqueos dificulta la movilización de las brigadas médicas para la vacunación y búsqueda de casos posibles.
“El paro perjudica porque las brigadas no pueden desplazarse adecuadamente y mientras más se tarde para hacer el bloqueo más posibilidades de que aparezca nuevos casos”, dijo.
La autoridad recordó que las ambulancias no pueden circular en el municipio de Santa Cruz para trasladar a los enfermos a los establecimientos de salud.
“Imaginémonos un embarazo que es el evento de salud más frecuente, que ese embarazo no pueda ser trasladado oportunamente”, lamentó.
Este miércoles los médicos de la Caja Petrolera salieron a desbloquear las inmediaciones del establecimiento de salud y pidieron el respeto al derecho a la vida y a la salud.
Asimismo, el martes en la noche, los trabajadores del Hospital Japonés pidieron a los bloqueadores afines a los cívicos dejarlos transitar y les recordaron que la enfermedad no espera.
En tanto, el fin de semana pasado, los trabajadores de salud del Hospital San Juan de Dios denunciaron que fueron agredidos nuevamente en un punto de bloqueo cívico, cuando el vehículo que los transportaba, después de su jornada de trabajo, fue impedido de pasar por los bloqueadores.
Los trabajadores en salud presentaron el martes, una Acción de Libertad en contra de Camacho, Calvo y Cuellar.
Los pasados días, el ministro de Salud, Jeyson Auza lamentó que el gobernador Camacho no tenga “ningún compromiso con la salud y la vida de su pueblo” y por el contrario “priorice la política con afanes desestabilizadores al estilo de un dirigente”.
Señaló que las brigadas de vacunación a menores de cinco años no pueden movilizarse y tampoco las ambulancias que acuden a salvar vidas.
Mientras que el personal médico de diferentes hospitales es amenazado por cumplir con los servicios de salud, el gobernador alienta a seguir con el paro, a pesar que ya hay una fecha para Censo de Población y Vivienda, cuestionó.
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En situaciones que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, la Cruz Roja Internacional establece que se deben aplicar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) para proteger el acceso a la asistencia de salud.
ABI
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