En recientes incursiones de trabajo, la Fundación Tierra halló evidencias del fuerte nexo entre el poder económico del narcotráfico y las nuevas comunidades agrícolas del oriente, que requieren maquinaria para desmontar bosques. El investigador Gonzalo Colque, advierte que tras esas relaciones ilícitas hay un lavado de dinero.
“Lo que pasa es que hay asociaciones entre las nuevas comunidades y la plata del narcotráfico, que es fuerte; los narcos están invirtiendo en agricultura (…). No es gente pobre campesina, son comunidades organizadas que tienen maquinarias que cuestan más de 200 mil dólares”, afirma.
Colque relata que hace poco ingresó junto a otros técnicos de la Fundación Tierra al Área Protegida Municipal y Reserva Forestal del Bajo Paragüa del municipio de San Ignacio de Velasco del departamento de Santa Cruz, debido a información periodística que alertaba de la deforestación de más de 7 kilómetros en paralelo a una antigua cicatriz, que fue realizada con maquinaria pesada.
“Nos metimos en camioneta al área donde desmontaron con un montón de maquinaria, y todos nos esperaron de espaldas, nadie dio la cara, y trancaron el camino con un camión, (pensamos), de aquí vamos a salir muertos”, recuerda.
Haciendo trabajo de campo afirma que existen fuertes evidencias de que algunos nuevos asentamientos en tierras fiscales, sobre todo en zonas alejadas donde hay narcotráfico, existe algún tipo de “asociación o colaboración” entre la actividad ilícita y la gente que entra a desmontar bosques para meter agricultura mecanizada.
Según el investigador, la alianza lícita se daría desde el punto de vista de los pequeños productores, que no tienen capital para operar, pero utilitaria para el sector ilícito del narcotráfico, porque la agricultura se estaría convirtiendo en una actividad ilícita para lavar el dinero del narcotráfico.
“Lo que pasa es un dato no corroborado por la investigación, donde la asociación entre las nuevas comunidades y la plata del narcotráfico es fuerte, donde la agricultura está blanqueando una buena parte de la plata del narcotráfico”, señala a Brújula Digital.
Colque advierte que estas zonas donde se están dando nuevos asentamientos, podrían convertirse en nuevas zonas exclusión del Estado, la Policía y la ley. “Existen ejemplos el trópico de Cochabamba, donde hay control comunitario porque hay actividad ilícita, es un ejemplo lamentable de que son zonas controladas por milicias, y como parte del negocio y estas asociaciones”, apunta.
El investigador lamenta que tierras fiscales y áreas protegidas se hayan visto impactadas por los avasallamientos y la ampliación de la frontera agrícola sin control como consecuencia de la Agenda Patriótica 2025, que entre otras cosas se ha trazado triplicar a los 3,5 millones de hectáreas, además de duplicar la cantidad de ganado vacuno de 10 a 20 millones.
En ese marco, la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) fue una de las instituciones que más flexibilizó las prácticas para dar paso a las autorizaciones de desmonte. En un informe de 2017, esta entidad señaló que: “para poder cumplir las metas trazadas, en los últimos tres años de gestión (2015-2017) la ABT ha simplificado y desburocratizado la otorgación de permisos para el avance de la frontera agrícola y pecuaria”.
La problemática de la tierra, bosques y conflictos socioambientales fue abordada por los expertos de Fundación Tierra durante el II Encuentro de Periodistas, realizado en la ciudad de Cochabamba.
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