Una adolescente de 14 años es la nueva víctima fatal de violencia, un caso en el que el principal sospechoso es un hombre de 28 años con el que convivía y que después de cometer el crimen intentó quitarse la vida, informó este miércoles el Ministerio Público.
El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, dijo que se realizaron las primeras acciones de investigación, por lo que el presunto responsable está bajo custodia policial en un centro médico donde se recupera.
El hecho se produjo el martes en el municipio de Puerto Villarroel, en la región central de Trópico de Cochabamba, cuando la joven fue acuchillada varias veces por el hombre, a pesar de que la víctima escapó de la vivienda común e intentó resguardarse en la de una amiga.
La fiscal Zulma Corrales, encargada del caso, relató que el agresor insistió para que la adolescente salga de la casa de su amiga y, cuando ésta aceptó, él cometió el feminicidio para después intentar acabar con su vida.
“Los vecinos que presenciaron el hecho llamaron a la Policía, que trasladó al sujeto a un centro médico”, precisó la fiscal.
El Ministerio Público en su último informe del 17 de diciembre reportó que en 2024 se registraron 81 feminicidios, mientras que las denuncias por delitos enmarcados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o ley 348, suman 48.251.
De ese total, 36.014 denuncias son por delitos de violencia familiar o doméstica y 3.591 son casos de abuso sexual.
La ley 348 rige en Bolivia desde 2013 y, entre otros aspectos, sanciona el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la máxima pena en la legislación nacional.
Diferentes organizaciones feministas reclaman desde hace años que esa norma no se cumple plenamente por las demoras judiciales y la falta de recursos económicos y de personal capacitado para atender las denuncias, entre otros.
En abril pasado, un grupo de legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) propuso reformar la norma por considerarla “antihombres”, lo que fue rechazado por activistas, la oposición y el Gobierno nacional.
Mientras que un informe de junio de este año de la Defensoría del Pueblo identificó 487 uniones o matrimonios forzados de niñas y adolescentes de 12 a 15 años en Bolivia.
Fuente: Unitel
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