El Gobierno reconoció este lunes que la ejecución de la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales representa un operativo de alta complejidad que incluso podría «costar vidas». Sin embargo, aseguró que la situación será resuelta y que el exmandatario deberá comparecer ante la justicia.
Las declaraciones fueron realizadas por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en respuesta a los cuestionamientos por la demora en el cumplimiento del mandamiento judicial contra Morales y por el proceso disciplinario iniciado contra policías que saludaron al exmandatario durante un reciente operativo.
«La aprehensión puede costar vidas»
Gálvez afirmó que, de acuerdo con la información que maneja el Ejecutivo, la captura del líder cocalero no es un procedimiento sencillo debido al entorno de seguridad que lo rodea en el Trópico de Cochabamba.
«La aprehensión no sería tan sencilla; en realidad sería tan compleja que puede costar vidas. Evo Morales no merece ninguna vida más», sostuvo el vocero presidencial.
Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, donde es resguardado por organizaciones afines. En anteriores oportunidades, el propio expresidente advirtió que cualquier intento de detenerlo podría generar enfrentamientos y responsabilizó al Gobierno por las consecuencias que pudiera tener un operativo de esa naturaleza.
Gobierno asegura que hará cumplir la justicia
Pese a reconocer las dificultades, Gálvez aseguró que el Ejecutivo mantiene su compromiso de hacer cumplir la orden judicial.
«Se va a resolver. Evo Morales va a rendir cuentas ante la justicia, al igual que debe rendir cuentas cualquier persona que tenga temas pendientes», afirmó.
Consultado sobre si la aprehensión se concretará este año, el vocero evitó fijar plazos y señaló que, por razones operativas, primero se ejecutan este tipo de acciones y luego se informa oficialmente.
Orden de aprehensión vigente
Evo Morales enfrenta una orden de aprehensión dentro de un proceso por trata y tráfico de personas, en el que el Ministerio Público lo investiga por una presunta relación con una menor de edad durante el período en que ejercía la Presidencia del Estado. Morales rechaza las acusaciones y sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas.
Un tema de seguridad y política
Las declaraciones del Gobierno reflejan la complejidad política y de seguridad que rodea el caso. Mientras el Ejecutivo insiste en que la orden judicial será ejecutada cuando existan las condiciones necesarias para evitar hechos de violencia, la permanencia de Morales en el Trópico de Cochabamba continúa siendo uno de los principales focos de tensión política del país.
Fuente: Ahoradigital
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