Las investigaciones de al menos 13 escándalos por corrupción durante el gobierno transitorio avanzan en el Ministerio Público, la Procuraduría y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Las causas abarcan desde contratos lesivos al Estado hasta sobreprecios en las compras para atender la emergencia. Otros nueve casos causaron aprehensiones y destituciones. Se preparan denuncias penales.
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“El ejecutivo del gobierno transitorio nos está poniendo trabas para que no se sepa la realidad de los casos de corrupción en las empresas estatales. Nos vemos en la necesidad de acudir al Ministerio Público”, dijo la senadora Máxima Apaza.
La legisladora forma parte de una de las, al menos, tres comisiones mixtas que investigan los casos de sobreprecio en la compra de respiradores, contratos lesivos al Estado en la adquisición de municiones antidisturbios no letales y presunta corrupción y malos manejos en las empresas estatales BOA, Entel, YPFB y ENDE.
“En muchos casos en los que estaba involucrado el MAS, su representación parlamentaria se negó a conformar una comisión investigadora. En los últimos años se utilizó esta representación para encubrir hechos de corrupción y ahora quieren hacerse los grandes paladines de la lucha contra la corrupción”, dijo el diputado Tomás Monasterio.
El nuevo procurador general del Estado, Alberto Javier Morales, -posesionado el 21 de septiembre- afirmó que dará continuidad a las investigaciones que se encuentran en esta entidad. Aseguró que actuará con independencia y en resguardo de los intereses patrimoniales del Estado.
Cuatro casos por atención de la Covid
El 14 de mayo, la presidenta Jeanine Añez recibió 170 respiradores, según explicó eran un complemento adicional a los 500 ventiladores mecánicos para las nuevas UTI que prometió al inicio de la emergencia. De inmediato se desató un escándalo porque los aparatos no eran aptos para terapia intensiva y había un presunto sobreprecio.
Según los contratos, estos equipos fueron comprados en España en 28.000 dólares cada uno con un crédito del BID, pero otra empresa los cotizó en 12.000. En fábrica el costo era de 7.128. El caso es investigado por el Ministerio Público y hay varios detenidos, ente ellos el exministro de Salud Marcelo Navajas, quien guarda arresto domiciliaria.
El senador Ciro Zabala, parte de la comisión mixta que investiga el caso en la ALP, señaló que la semana pasada se concluyó el informe y será presentado en estos días ante el pleno. “Se hallaron muchas irregularidades que fueron apañadas con alteraciones en los procesos que se constituyen en actos flagrantes de corrupción”, afirmó.
Pero este es solo el primer caso. El 29 de mayo, la DGAC autorizó, a pedido de la empresa ChexAir, la llegada de un avión con miles de unidades de productos de bioseguridad adquiridos por 47 empresas. El 31 de mayo, el vuelo fue cancelado cuando ya despegaba de China rumbo a Bolivia. La determinación fue por “órdenes superiores”.
Esa aeronave, según denunció el propietario de ChexAir y los dueños de parte de la mercadería, transportaba una adquisición de insumos y respiradores realizada por el Ministerio de Energías y que tenía un sobreprecio. Sin embargo, un comunicado de esta cartera negó tal información y dijo que dicha compra fue anulada. Transparencia anunció una investigación, pero no hay resultados.
Un tercer escándalo estalló el 7 de agosto, cuando el presidente de la Cámara Uruguaya de Comercio en Bolivia, Oscar Toledo, denunció un presunto sobreprecio en la compra realizada por la Aisem de pruebas PCR. La adjudicada era una empresa china y el costo era de 25 millones de bolivianos, más que el cotizado por un laboratorio uruguayo.
La proveedora es una intermediaria americana, propiedad del boliviano Rodrigo Méndez, quien tendría vínculos con el Ministerio de Gobierno. Justicia afirmó que el proceso es transparente.
Un cuarto hecho ocurrió en torno a la compra de 324 respiradores chinos que no funcionan o presentan fallas. El viceministro de Transparencia, Guido Melgar, dijo que el precio por cada respirador en abril era de 18.500 dólares debido a la alta demanda. Pero hay documentos que señalan que el precio en abril de este año en realidad no pasaba de los 13.000 dólares, contando los gastos de envío. Este caso fue presentado ante la Fiscalía.
13 casos y 9 denuncias contra el gobierno de Añez
1 Caso respiradores españoles
2 Caso compra de insumos y respiradores por Ministerio de Energía.
3 Caso pruebas de Covid-19.
4 Caso respiradores chinos.
5 Caso Entel I (finiquitos).
6 Caso Entel II (Datacom).
7 Caso mal manejo de BOA
8 Caso YPFB I (Combustible).
9 Caso YPFB II (Almuerzos).
10 Caso YPFB III (Seguros).
11 Caso Elfec-ENDE.
12 Caso gases lacrimógenos.
13 Caso DGAC.
14 Venta de cargos en Educación.
15 Coimas en Comunicación
16 Sobornos en Culturas.
17 Venta de cargos en Minería.
18 Avión para una exmiss.
19 Vuelo para un cumpleaños.
20 Avión oficial en Roboré.
21 Polémica Jerjes Justiniano
22 Polémica por la hermana de Murillo en una misión diplomática.
Demandas penales en Entel, BOA, YPFB y ENDE
El 8 de febrero se destituyó a Elio Montes, el primer gerente de Entel nombrado por el gobierno transitorio. Huyó del país por las denuncias de pagos de finiquitos altos a 13 personas que trabajaron entre un mes y nueve días. El daño asciende a 860 mil bolivianos.
Un mes después, el nuevo gerente Eddy Luis Franco informó que entre enero y febrero se habría generado otra afectación de 800 mil bolivianos por inconsistencias en la empresa Datacom, una operadora de Entel.
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El 9 de marzo los trabajadores de BOA denunciaron cifras rojas por malos manejos de la estatal y una disminución de frecuencia de vuelos. El entonces gerente Juan Carlos Ossio fue destituido, aunque se negaba dejar el cargo.
El 7 de mayo, el ahora expresidente de YPFB Herland Soliz fue destituido por tres denuncias de irregularidades y sobreprecios en la compra de combustible, de alimentos y de seguros. La primera denuncia corresponde a cinco contratos para comprar diésel a 124 dólares el barril, cuando el precio fluctuaba entre los 30 y 40 dólares.
El 14 de septiembre, aniversario de Cochabamba, la presidenta Jeanine Añez devolvió a la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) las acciones que fueran nacionalizadas en 2010 y que hasta ese momento eran administradas por ENDE.
Estos siete casos son investigados por una comisión mixta de la ALP que fiscaliza el manejo de las estatales. Se anunció demandas penales para los ejecutivos de BOA y Entel. Se espera una declaración virtual de la cabeza de ENDE.
“Las autoridades de las estatales no se han presentado a la comisión. Lo que corresponde ahora es terminar el proceso y empezar las demandas penales ante la Fiscalía General”, explicó la senadora Máxima Apaza.
El nuevo Procurador señaló que en el caso de ENDE se profundizará la investigación para saber si la decisión del gobierno afectó o no a los intereses patrimoniales del Estado.
Casos en Defensa y en la DGAC
El 31 de mayo se hizo público un presunto caso de sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos a la empresa estadounidense Bravo Tactical Solutions. El costo fue de dos millones de dólares más que la cotización de la brasileña Cóndor, la primera opción.
“Esperamos a los ministros de Economía, Defensa y Gobierno, pero lamentablemente no asistieron a dar su informe”, manifestó la senadora (MAS) Plácida Espinoza.
Desde la Procuraduría se explicó que en junio se solicitó al Ministerio de Gobierno toda la información sobre el proceso de contratación, pero no hubo respuesta. El informe final de la comisión mixta de la ALP será presentado al pleno el 2 de octubre.
El 8 de septiembre, el jefe de la unidad de transparencia de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Omar Durán, denunció ante la Fiscalía una serie de hechos de corrupción. Señaló que hay compras de insumos de bioseguridad con sobreprecio y clonaciones de matrículas de avionetas.
El Ministerio de Obras Públicas ordenó una auditoría. Adicionalmente, el jueves, una comisión de Diputados realizó una inspección sorpresa en la que hallaron irregularidades.
otros 9
cuestionamientos
Hermana de Murillo
El 24 de diciembre de 2019 se conoció que la hermana del ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue nombrada como Cónsul de Bolivia en Miami (EEUU), lo cual generó críticas de parte del MAS. La flamante funcionaria había entregó su declaración jurada cinco días antes.
Exministro
La primera polémica
Semanas después de asumir el cargo, la presencia de Jerjes Justiniano en el gabinete causó la primera polémica para el actual gobierno. El entonces Ministro de la Presidencia era el abogado defensor de uno de los acusados en el caso de violación grupal conocido como La Manada. Activistas y fiscales lo denunciaron por tráfico de influencias para favorecer a su cliente y desde adentro del gobierno se lo acusó de imponer una línea comunicacional política, motivos por los cuales fue destituido el 3 de diciembre. El exministro indicó que su alejamiento no fue por las acusaciones, sino como un cálculo para la candidatura de Jeanine Añez.
venta de cargos
Ministerio de Minería
En enero, una denuncia sobre la venta de cargos enlodó al ahora exministro de Minería Carlos Huallpa. La Dirección de Asesoría Jurídica afirmó que los presuntos negociados correspondían a un exasesor de la entidad. Un funcionario fue aprehendido y se negó la participación de Huallpa.
por bs 10.000
Educación en la mira
En febrero, un video sobre la venta de cargos de la viceministra de Educación Alternativa y Especial Yola Nery Mamani circuló por las redes sociales. En el material se escucha cómo la autoridad pedía 10.000 bolivianos por un contrato de seis meses. Fue destituida.
dos aprehendidos
Coima en Comunicación
La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprehendió a dos ejecutivos del Ministerio de Comunicación, Henry M.D. y Eugenio H., quienes fueron sindicados de presuntamente pedir el 10% a cambio de adjudicar publicidad en medios de comunicación escritos.
investigación
Soborno en Cultura
El ex Ministerio de Cultura y Turismo inicio una investigación por la denuncia de un presunto cobro como soborno por parte del funcionario Jorge M. La entonces titular de la cartera Martha Yujra dijo que destituyó al acusado y no permitirá la corrupción.
aviones de la FAB
Vuelo a Roboré
El 26 de abril, Carolina Ribera (hija de la Presidenta) llegó a Roboré en una nave oficial de la FAB. Pese a que se argumentó que el viaje se debía a razones humanitarias, ni el alcalde ni los dirigentes regionales sabían de su arribo. Hubo susceptibilidad por el uso de bienes del Estado.
cumpleaños
De Tarija a La Paz
Días después un avión de la FAB transportó a la diputada Gina Tórrez y a su hijo desde Tarija hasta La Paz, días antes del cumpleaños de Ribera, evento al que los cuestionados asistieron. Elgobierno argumentó que la legisladora, “amiga de la Presidenta”, se encontraba mal de salud.
Ayuda médica
Una exmiss a bordo
Bajo el mismo rango de “humanitario”, el 2 de mayo el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, transportó en un avión de la FAB a la exmiss Rurrenabaque Yarakoby Shiraishi. Como descargo presentó un certificado médico avalado de Defensa Civil. La autoridad lamentó el hecho.
Pagina Siete
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