Ahoradigital – Estados Unidos amplió este lunes su ofensiva contra funcionarios bolivianos y anunció restricciones de visa contra 12 ciudadanos, entre ellos el exministro de Justicia Iván Lima, jueces, fiscales, un exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), un expresidente de la Aduana Nacional y un empresario.
La medida fue anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos dentro de una política destinada a restringir visas a extranjeros que, según Washington, estén involucrados en corrupción o narcotráfico y cuyas acciones afecten a gobiernos elegidos democráticamente.
La lista incluye a Iván Lima Magne, exministro de Justicia durante el gobierno de Luis Arce; el coronel Frans William Cabrera, exdirector de la FELCN; los fiscales Martín Daniel Irusta, Alberto Zeballos y Mauricio Nava; los magistrados Israel Campero e Iván Campero; las juezas Albania Caballero y Rosario Ximena Flores Paniagua; el exjuez Rodrigo Vedia; el expresidente interino de la Aduana Nacional Alberto Soto de la Vía y el empresario José Luis Iriarte.
La decisión se suma a la sanción anunciada contra el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien el Gobierno estadounidense acusa de haber solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades vinculadas al narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
En el caso de los 12 ciudadanos incluidos en la lista, Estados Unidos aplicó restricciones relacionadas con sus visas y su ingreso al territorio estadounidense. La medida también puede alcanzar a familiares directos, de acuerdo con el comunicado difundido por Washington.
Entre los nombres que generan mayor repercusión está Iván Lima, quien ocupó el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Luis Arce, además de varios operadores del sistema judicial y fiscales que ejercieron funciones en distintos departamentos del país.
El Departamento de Estado fundamentó las medidas en acusaciones de corrupción, narcotráfico y acciones que, según Washington, socavaron instituciones democráticas. Estas son acusaciones y decisiones administrativas del Gobierno estadounidense y no equivalen por sí mismas a una condena judicial en Bolivia.
La decisión de Washington abre un nuevo capítulo en la relación entre Bolivia y Estados Unidos y coloca bajo escrutinio internacional a funcionarios y exfuncionarios vinculados al sistema de justicia, la lucha antidroga y la administración pública.
El anuncio se produce además en un momento en que el Gobierno de Rodrigo Paz busca profundizar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, lucha contra el narcotráfico y combate al crimen organizado.
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